La organización no gubernamental nicaragüense Ética y Transparencia recomendó hoy al Gobierno de Daniel Ortega realizar elecciones de inmediato para detener la crisis sociopolítica, que ha dejado al menos 285 muertos en Nicaragua desde el 18 de abril pasado.
“La salida electoral es inevitable, la pregunta es hasta dónde vas a llevar esta crisis humanitaria antes de llegar a las elecciones. Nuestra recomendación es a que el Gobierno se monte sobre la vía electoral lo más temprano posible”, dijo el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, en conferencia de prensa.
Según la organización, un periodo de tiempo ideal para las elecciones es de 9 meses a partir del momento en que Ortega acepte salir del poder antes de que culmine su periodo, en 2021.
Los 9 meses servirían para realizar las reformas de ley necesarias para garantizar unos comicios “limpios”, que pasan por “sanear” el Consejo Supremo Electoral (CSE), refirió Courtney.
“El principal problema es el arbitraje, no tenemos un sistema electoral confiable, para llegar a elecciones limpias necesitamos un CSE limpio, que no esté partidizado y, sobre todo, que no esté bajo control de un solo partido político”, dijo el representante de Ética y Transparencia.
La necesidad de elecciones “limpias y transparentes” es un reclamo, tanto de opositores como de expertos electorales en Nicaragua, desde los comicios municipales de 2008, ya con Ortega en el poder.
Opositores y expertos han sostenido que a partir de esos comicios los magistrados del CSE beneficiaron al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral.
Courtney se negó a responder sobre si Ortega debe estar a cargo o no de unas elecciones anticipadas, pero insistió en que, mientras más pronto deje el poder, será más beneficioso para el presidente y su partido.
“El Gobierno necesita entender que esa solución temprana le ayuda a no mancharse más de sangre, y ayuda en el entorno de las elecciones, este es el mejor momento para que no se sigan machando de sangre”, afirmó.
Nicaragua lleva más de dos meses en la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones incluyen “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, lo que fue rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE