El régimen de Nicolás Maduro, que que continúa incrementando el número de presos políticos en Venezuela, suma una nueva prueba criminal en su contra al detener a una estudiante de medicina solo por vivir en la residencia de un funcionario del Ejército venezolano.
Por Sabrina Martín / Panampost
Se trata de Ariana Granadillo de 21 años de edad, quien ha sido detenida en tres oportunidades por ser prima del coronel Oswaldo García Palomo, perseguido político y a quien el régimen ha vinculado a la “Operación Constitución”, que supuestamente pretendía derrocar a Maduro antes de los comicios del 20 de mayo.
#30Junio Este video lo hizo la familia de Ariana (21), estudiante de medicina, #PresaPolítica. Piden tu colaboración y solidaridad para difundirlo. “No hay q hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos #QueSeHagaJusticia “ @foropenal #Venezuela #presospolíticos pic.twitter.com/HZ5HzMacFy
— Alfredo Romero (@alfredoromero) July 1, 2018
La joven es oriunda del estado Monagas y tras estudiar medicina en Caracas, se alojó en la residencia del coronel. El pasado 23 de junio, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a la estudiante y la acusó de rebelión militar.
El Foro Penal Venezolano, ONG que defiende los derechos humanos, calificó de “secuestro” la retención de Granadillo, pues no existe evidencia alguna que inculpe a la estudiante.
Asímismo, el pasado 2 de febrero de 2018, Granadillo fue sacada de la casa que ocupaba y apareció dos días después. El 24 de mayo, Ariana y sus padres también fueron detenidos y aparecieron siete días después, el 31 de mayo.
Y es que ahora en Venezuela, funcionarios con los rostros tapados del Sebin o de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o del Cicpc secuestran a personas como una medida de presión para que aparezcan los que realmente buscan. Una acción que podría calificarse como terrorismo de Estado.
El caso de la familia Granadillo es solo uno de los cientos que ocurren diariamente por la persecución del Estado contra la disidencia; sobre todo en las últimas semanas, cuando el régimen de Nicolás Maduro aumentó la cantidad de presos políticos con la detención de unos 40 militares acusados de una supuesta rebelión.
Este nuevo “modus operandi” de la dictadura de perseguir a la disidencia y acusarla de traición se suma a una serie de antecedentes que llegarán a la Corte Penal Internacional, de manos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un informe de la organización, expertos aseguran que el dictador Nicolás Maduro cometió crímenes contra la humanidad en Venezuela.
De acuerdo con el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, quien forma parte del grupo de expertos, el informe identifica 131 ejecuciones extrajudiciales, 1.300 presos políticos, así como “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil”.