Al menos 5 personas han muerto en los últimos ataques de las “fuerzas combinadas” del Gobierno de Nicaragua contra pobladores que se oponen a la gestión del presidente Daniel Ortega, informaron este domingo organizaciones humanitarias.
En los ataques más recientes, la mañana de este domingo, a las ciudades de Jinotepe y Diriamba, en la zona del Pacífico de Nicaragua, tres personas perdieron la vida por disparos de las “fuerzas combinadas”, dijo a Efe una portavoz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Las identidades de los fallecidos no han podido ser confirmadas, debido a que los ataques continúan, pero hay constancia de que los muertos quedaron tirados en las calles, dos de ellos en Diriamba y uno en Jinotepe, explicó la portavoz.
La cantidad de fallecidos podría aumentar, según el Cenidh, ya que los hospitales públicos y privados de ambas ciudades fueron sitiados por las “fuerzas combinadas”, integradas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, ataviados con armas de guerra.
Otro joven fue encontrado muerto esta madrugada en Matagalpa, víctima del ataque perpetrado por las “fuerzas combinadas” desde anoche en esa ciudad del norte de Nicaragua.
El hombre, que tampoco ha sido identificado, fue encontrado sin vida en la cabina de un tractor para trabajos pesados de construcción.
Este domingo también se confirmó la muerte del joven de 18 años Mario Peralta, quien recibió 18 disparos durante un ataque de las “fuerzas combinadas” en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, según sus familiares.
La violencia que atraviesa Nicaragua es parte de la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, que ha dejado más de 310 muertos menos de tres meses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.
Entre las violaciones destacan “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, según la CIDH, y que el Gobierno de Nicaragua ha rechazado.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE