El expresidente Lula da Silva deberá permanecer preso, cumpliendo su pena de 12 años y un mes por corrupción, determinó este domingo el presidente de un tribunal de apelaciones de Brasil después de la confusión generada por las órdenes y contraórdenes para la liberación del exmandatario.
AFP
“Determino el retorno de los autos al gabinete del juez João Pedro Gebran Neto, así como la manutención de la decisión proferida por él” de que Lula siga en la cárcel, señaló en un despacho Carlos Eduardo Thompson Flores, el presidente del TRF4 de Porto Alegre (sur), el tribunal que ratificó la condena en primera instancia de Lula en enero.
El juez de guardia de esa corte de apelaciones Rogério Favreto tomó a todos por sorpresa al ordenar en la mañana la liberación de Lula aceptando un pedido de habeas corpus del Partido de los Trabajadores (PT).
Poco después, el juez relator del caso João Pedro Gebran Neto anuló la medida, asegurando que el juez de guardia debía respetar la decisión colegiada que tomó el tribunal en enero, después de que el juez de primera instancia Sergio Moro le pidiera oficialmente que revocara su orden de liberar a Lula.
Sin embargo, Favreto volvió a contraatacar y emitió una nueva orden para que Lula fuera liberado de forma inmediata la noche de este domingo.
La materia del habeas corpus no debe tener un “análisis en régimen de guardia judicial”, manifestó Thompson Flores en esta última decisión de dejar a Lula en prisión.
En medio de este embrollo judicial, la propia presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, emitió esta tarde un comunicado en el que remarcó que la justicia es “impersonal” y dijo que “los órganos judiciales competentes en cada región deben actuar para garantizar que la respuesta judicial sea ofrecida con rapidez y sin quebrar la jerarquía, con rigor absoluto al cumplimiento de las normas vigentes”.