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El Ministerio Público se estaría haciéndose de la vista gorda ante la detención domiciliaria otorgada a la ex jueza Mary Carmen Amarista Herrera después que habría incurrido en el delito de extorsión y sin tener derecho a gozar de los beneficios procesales de ley.
“Cuando hay delitos con pena más allá de 10 años, como es el caso de la extorsión, es obligación de la Fiscalía pedir privativa de libertad, y a ella no le dieron privativa, revelando los entuertos en la administración de justicia característicos del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua”, declaró la mañana de hoy Robert Alvarado, abogado defensor del preso político Kamel Salame.
Puntualizó el litigante, “Hazel Bracamonte, Juez 8° de Control, le otorgó a su ex compañera de trabajo lo que llaman casa por cárcel, pero lo hizo con el consentimiento de la Fiscalía, de otra manera no podía hacerlo”, luego de lo cual, añadió, “si el denunciante y un abogado están privados de libertad en este caso, por existir supuestos constitutivos de dicho delito, entonces la representación del Ministerio Público estuvo de acuerdo en tomar la decisión de mandarla para su casa”.
Para finalizar, Robert Alvarado demandó acciones concretas, “la Fiscalía estaría consintiendo la impunidad de Mary Carmen Amarista, dando a entender que para unos tiene un trato especial y para otros no. Por esa razón, yo insto a la Fiscalía del Ministerio Público a interponer un Recurso de Apelación de Autos en relación a la decisión que otorgó esa medida siendo improcedente, están en el lapso para hacerlo, tienen hasta las 12 de la medianoche de este viernes 20 de julio para reivindicarse como garantes de la Constitución y las leyes”.
Nota de Prensa