La inestabilidad, en todas sus diversas expresiones, parece ser un rasgo distintivo de nuestra época. Particularmente, en la dimensión referida a lo político, donde la realidad hodierna presenta en las distintas sociedades, y a lo largo de los distintos períodos de desarrollo histórico, una compleja y múltiple variedad de fenómenos que resultan fundamentales describir, comprender y explicar.
En este marco, la inestabilidad dentro de los sistemas de gobierno se ha transformado en un elemento central, especialmente en el campo de la reflexión política, para identificar los factores que hacen más vulnerable la gobernabilidad en función de poder concentrar los esfuerzos en fortalecer y perfeccionar el aparato del Estado, en términos de que logre satisfacer el mayor flujo de demandas y necesidades de la sociedad bajo los estándares de las efectividad y eficiencia, para asegurar el orden y preservar la estabilidad, a la vez reduciendo los riesgos y las perturbaciones.
Entonces, quien quiera de verdad comprender el impacto y las consecuencias de la inestabilidad en el sistema político, también deberá tomar en cuenta todas sus variantes: desde su expresión económica, pasando por el deterioro político, hasta su manifestación social, bajo el desarrollo de las condiciones de un entorno donde no es posible la cooperación y el respeto a los principios básicos para la convivencia.
En este sentido, bien es sabido que todo Estado se mostrará inclinado a neutralizar dentro de la sociedad cualquier foco que promueva la confrontación, o que permita el desarrollo de comportamientos anómalos, que desafíen los parámetros dispuestos en la ley y la Constitución, para preservar la estabilidad y su propio equilibrio democrático.
No obstante, tampoco puede ser descartable que muchas veces sea el mismo Estado el que promueva la confrontación; siendo esta tendencia muy común en regímenes políticos cuyos gobiernos son de naturaleza autocrática, donde la opresión y el abuso están a la orden del día. En este caso particular, se trata de sistemas de dominación que hacen de la violencia y la persecución su mejor y más efectiva arma, para la obtención de la obediencia y el respaldo político.
Al respecto, una atención especial merece el Gobierno de Nicolás Maduro, que en los últimos años ha incrementado los niveles de inestabilidad y polarización política, alimentándose del terror y las necesidades de los ciudadanos para arraigarse en el poder, con base en una estrategia ladina que ha visto en la confrontación su mayor fortaleza, para la efectividad en la ejecución de sus decisiones.
Definitivamente, el Gobierno de Maduro se apoya en una política de la confrontación social. Se trata del poder enfrentado contra el empresario, y el emprendedor, que tienen aspiraciones de invertir en el país para contribuir con el progreso y el desarrollo de aparato productivo nacional; pero que al mismo tiempo se ven limitados por la persecución, los controles y los embates de un modelo económico retrógrado de planificación centralizada que en ningún lugar de la tierra ha tenido resultados.
Nos encontramos en medio de un régimen de dominación enfrentado a las Universidades, que en cualquier sociedad desarrollada fungen como espacios del saber para el desarrollo científico y humanístico; pero las cuales, aquí en Venezuela, se convierten en templos enemigos, porque en ellas las nuevas generaciones pueden pensar libremente, y bajo los estándares de la pluralidad; algo con lo cual el Gobierno de Maduro no es compatible en lo absoluto, fundamentalmente cuando se sabe que sus pilares son la opresión y la ignorancia.
En este orden, se trata de un Gobierno forajido que se encuentra confrontando a su propia sociedad, a sus propios ciudadanos, con el fin último de asegurar un régimen de dominación, sin libertad y bajo condiciones económicas, sociales y culturales deplorables.
Con relación a esta situación no ha habido industria mediática del Estado lo suficientemente fuerte que haya podido transfigurar los hechos a conveniencia; pues, a la luz de la observación de la comunidad internacional, la crisis de Venezuela genera resonancia y se ha convertido en un problema regional que está demandando una solución inmediata. Sin lugar a dudas, nuestro pueblo tiene derecho a una forma de vida y de gobierno digna, sin opresión y bajo los estándares de una calidad de vida verdaderamente legítima. Esa es una exigencia constitucional que sigue en pie, y que muy pronto avistaremos realizada.