La estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, asesinada en Managua en medio de la represión de las protestas contra el Gobierno en Nicaragua, fue enterrada hoy en la localidad de Paulista, región metropolitana de Recife (noreste).
EFE
Lima, de 31 años y quien estudiaba Medicina en la Universidad Americana (UAM) de Managua, falleció el pasado 23 de julio víctima de varios disparos y su cuerpo fue velado la madrugada de este viernes por sus familiares y amigos.
La madre de Lima, Maria José da Costa, aseguró que luchará hasta saber la verdad sobre la muerte de su hija.
“Quiero descubrir quién fue realmente que mató y que el país (Nicaragua) pague por eso”, señaló en declaraciones a medios Da Costa, quien llevó al entierro una copia del diploma de su hija, un homenaje póstumo de la universidad.
La madre de la joven aseguró que Lima “sufrió mucho” para conseguir el diploma, pues el “gran sueño de su vida era ser médica”.
“Ella no tuvo oportunidad de estudiar en el estado de Pernambuco. No existen oportunidades para que las personas sin recursos puedan estudiar medicina. Ella tuvo que irse de Pernambuco para poder realizar su sueño de ser médica”, afirmó.
Horas después de su muerte, el rector de la universidad donde la brasileña estudiaba sexto año de medicina, Ernesto Medina, denunció que la joven fue víctima de los disparos de “un grupo de paramilitares”.
No obstante, el Gobierno nicaragüense salió al paso y denunció que fue un vigilante de seguridad privada, pero en su reporte no explicó cómo un guardia de su tipo portaba un fusil de asalto automático en versión carabina fabricado por la empresa Colt de Estados Unidos.
La Policía nicaragüense detuvo a un hombre de 42 años por la muerte de Lima, pero no confirmó si se trataba de un guardia de seguridad privada.
El Gobierno brasileño consideró “inaceptable” la muerte de la estudiante y pidió a Nicaragua investigar el caso en profundidad.
Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta desde la década de 1980, bajo la presidencia de Daniel Ortega.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.