El acreedor Crystallex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación
Por Por Andrew Scurria y Julie Wernau en The Wall Street Journal | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Un juez federal de Estados Unidos autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corp para honrar una deuda del gobierno venezolano, un fallo que podría desencadenar una carrera entre los muchos acreedores que Venezuela no ha honrado y que pudiera arrebatarle el control de su único activo estadounidense que se puede aislar.
El juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Wilmington, Delaware, emitió el fallo el jueves. Sin embargo, su opinión completa, que podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales, fue sellada. Se espera que una versión redactada esté disponible en una fecha posterior.
La orden judicial aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA, pierda el control de un activo externo valioso en medio de la crisis económica y política del país . La decisión puede ser apelada ante un tribunal federal superior.
Los abogados de PdVSA no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Citgo se negó a comentar.
Crystallex International Corp., un operador minero de oro canadiense que interpuso una acción legal, está tratando de reunir un juicio sobre los derechos mineros perdidos que involucra al gobierno de Venezuela. Se ha dirigido a Citgo, un refinador de petróleo, porque éste es el activo más grande en los Estados Unidos de un país con problemas de liquidez y atrapado por la crisis.
Muchos otros acreedores de Venezuela también están dando vueltas a Citgo, pero Crystallex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación. Crystallex había argumentado que Citgo era finalmente propiedad de PdVSA, que es un “alter ego” de la República de Venezuela, el responsable final de las deudas del país sudamericano. La decisión del juez a favor de Crystallex le permite tomar el control de las acciones de la compañía matriz de Citgo en los Estados Unidos, el primer paso hacia la venta de la compañía.
Venezuela y sus diversas entidades controladas por el estado tienen juntos $ 62 mil millones de bonos no garantizados en circulación, con aproximadamente $ 5 mil millones, hasta ahora, en intereses impagos y capital. Los analistas estiman que el gobierno tiene aproximadamente un total de $ 150 mil millones en deuda pendiente con los acreedores de todo el mundo.
Venezuela y sus entidades controladas por el estado, incluida PdVSA, comenzaron a no hacer pagos de bonos el año pasado y desde entonces se han convertido en un incumplimiento generalizado . Las sanciones de Estados Unidos prohíben a los acreedores involucrar al gobierno venezolano en cualquier tipo de reestructuración o compra de nueva deuda.
Para Venezuela, perder el control de Citgo podría poner en peligro una de sus pocas fuentes de ingresos petroleros, las empresas refinadoras de EE. UU. Al mismo tiempo, los inversores en la deuda, en default, de Venezuela -al igual que al menos 43 compañías, que reclaman legalmente al gobierno, corren el riesgo de perder una de las pocos activos obvios en los EE. UU. que se pueden decomisar para el reembolso.
El único pago realizado este año por Venezuela fue de $ 107 millones en sus bonos PdVSA, con vencimiento en 2020, por los cuales Citgo había sido hipotecada como garantía. Ese fue un movimiento claro de Caracas para proteger ese activo, según los analistas.
Sin la propiedad de Citgo, los inversionistas temen que PdVSA tenga pocos incentivos para seguir pagando la deuda
Cualquier venta de acciones de Citgo requeriría la aprobación del Departamento del Tesoro de los EE. UU., y Crystallex tiene que eliminar otros obstáculos legales antes de poder vender las acciones.
Al tratar de reclamar Citgo, los acreedores siguen un libro de familiar de jugadas. Los fondos de cobertura dirigidos por Elliott Management Corp. hicieron algo similar cuando buscaron los activos argentinos luego del default de 2001 de ese país, el mayor incumplimiento soberano en ese momento, en más de $ 80 mil millones en deuda soberana.
Cuando Argentina se negó a pagar los acuerdos resultantes del incumplimiento, los fondos de cobertura buscaron activos argentinos para embargar y argumentaron que todo, desde los activos de su banco central hasta su compañía petrolera estatal, era un “alter ego” del estado.
Elliott en 2012 persuadió a un tribunal ghanés de incautar un buque de entrenamiento de la Armada Argentina, y en 2014 solicitó a un tribunal de California que impidiera a Argentina lanzar satélites al espacio.