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El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens fue detenido arbitrariamente por parte de los funcionarios del Sebin el mismo día en que Nicolás Maduro lo vinculó con el atentado fallido en su contra el pasado sábado 4 de agosto. Seguidamente se giró orden del TSJ en su contra para capturarlo.
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La acción siguió contra el diputado Julio Borges, quien se encuentra en el exterior. El régimen allanó su inmunidad parlamentaria y asegura que giró órdenes de captura internacional en su contra. A continuación enumeramos las violaciones ocurridas durante el “procesamiento” de ambos:
Artículo 49 de la Constitución:
Numeral 1.- Defensa y asistencia jurídica, todos los detenidos han “declarado” sin presencia de abogado y en el órgano policial. Son NULAS las pruebas obtenidas en violación del debido proceso.
Numeral 3.- Derecho a ser oída ante un tribunal competente.
Numeral 4.- Derecho a estar frente a juez natural. (ninguna actuación puede ha sido judicializada debidamente).
Numeral 5.- Nadie puede ser obligado a confesarse culpable, ni declarar contra si mismo, todo aquello que diga no podrá ser usado en su contra.
Artículo 26 de la Constitución: Derecho a acceso a los órganos de justicia.
Artículo 119 del COPP, frente a detenidos:
Se prohíbe la tortura.
Se prohíbe presentar a los detenidos ante medios de comunicación social.
Informar a los detenidos acerca de sus derechos.
Comunicar a los familiares sobre el estado de salud del detenido.