En Venezuela, los índices delictuales no se publican o son presentados informalmente en redes sociales por los cuerpos de seguridad o sus autoridades. Independientemente de la cantidad de hechos criminales que se contabiliza, es una realidad que actualmente la población vive en una situación de indefensión que eleva el riesgo de ser víctima del hampa.
Esto es lo que le ocurrió a la madre de Hasler Iglesias, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), a quien el pasado 20 de julio no sólo la despojaron de sus efectos personales e insumos de trabajo, sino que además debió padecer la incompetencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
– Mi mamá tiene una tienda de ropa para niños, y fue al mercado de El Cementerio (oeste de Caracas) a comprar una mercancía.
– Luego de adquirirla, cuando estaba esperando en el bulevar de El Cementerio para subirse a una camionetica, llegaron cuatro personas en dos motos, le quitaron sin mediar palabra, las dos bolsas con la ropa y su morral. Aunque ella trató de forcejear, uno le dijo al otro: métele un tiro. Allí entregó todo.
El comienzo del relato de Iglesias resume el hecho violento que sufrió su mamá a manos del hampa, el cual, si bien se repite a diario en todo el país, permite distinguir cómo la ciudadanía no sólo está a la merced de la delincuencia, sino de la inoperancia de los cuerpos de seguridad.
– Mi mamá me dice que vayamos a poner la denuncia por el valor de la mercancía, ya que por el robo del teléfono no vale la pena, porque sabemos que no va a pasar nada.
– Entonces, debido a que el CICPC queda en la avenida Urdaneta (noroeste), y estábamos cerca, fuimos allí. En la recepción había un señor y le explicamos que queríamos denunciar un robo. Nos preguntó que dónde había sido y nos dijo que allí no tomaban denuncias.
– Nos indicó que debíamos ir al lugar más cercano a nuestra residencia. Nosotros vivimos en la avenida Andrés Bello, por lo que nos tocaba la sede del CICPC en el sector Simón Rodríguez.
Aunado al robo, debieron caminar un extenso trayecto por la falta de transporte público, y la escasez de efectivo que les impidió tomar un taxi, pero advirtió que la precariedad fue más allá de los servicios públicos, pues, aunque cumplieron las instrucciones seguidas por el CICPC, tampoco pudieron hacer la denuncia.
– El jefe de la subdelegación del CICPC de Simón Rodríguez lo primero que preguntó fue dónde fue el robo, y le consultó a mi mamá en qué parte exactamente, a lo que ella respondió que en el bulevar de El Cementerio. Pero él quería más precisión, porque dependiendo del lado donde ocurrió el robo se determinaba el sitio de la denuncia, ya que allí donde estábamos no era.
– Al saber que en esa sede del CICPC tampoco podríamos denunciar, mi mamá decidió levantarse e irse sin decir nada. Yo sí me quedé. Él me explicó que están organizados por cuadrantes y subdelegaciones, que cada funcionario recibe las denuncias de su zona, porque conocen la conducta de la delincuencia en su área.
De acuerdo con la explicación del funcionario del CICPC, la persona que atendió a Iglesias y su mamá la primera vez en la avenida Urdaneta, que presume es “alguien nuevo”, les ocasionó visitas innecesarias a dos sedes de este organismo, pues la denuncia debieron haberla hecho en la subdelegación de El Valle o en la de El Paraíso, que son las más cercanas al sitio donde ocurrió el robo, pero aclaró que debido a que la señora no recordaba el lugar exacto (es decir, el lado de la calle en que estaba), no le era posible precisar la sede.
– Hasta ese momento hubo un ambiente muy cordial, hasta que dijo que la culpa de no poder indicar dónde denunciar era de mi mamá, porque no sabía de qué lado del bulevar la robaron. Allí me puse hostil y le dije que el sistema estaba diseñado para que la gente no denunciara, que no eran capaces ni de tomar una denuncia.
– Ahí el funcionario se me puso de frente y comenzó a gritar y dar manotazos, diciendo que soy falta de respeto. Me pregunta: ¿quieres que yo te meta preso?, y yo le respondí que lo hiciera, que él es un funcionario público y yo un ciudadano que pide un servicio que no le estaban dando, pero intervino otro agente y me retiró del lugar.
– Luego de considerar sus justificaciones, entendí que la culpa no es del funcionario, sino del sistema, porque el CICPC está poniéndole trabas a la gente que quiere denunciar, primero dando información errada, y luego estableciendo una frontera entre sectores que solo ellos entienden o conocen.
Iglesias considera que una confluencia de eventos provocó que viviera en carne propia la inoperancia de un organismo tan importante como el CICPC. Precisa que lo experimentado en las dos sedes del cuerpo de investigaciones mostró que no disponen de un protocolo de atención al ciudadano que va a presentar una denuncia, y que además no existe interconexión entre las dependencias del ente.
Lo ocurrido, además, deja ver que en poco o nada han variado las falencias del sistema de justicia plasmadas en un estudio realizado por Acceso a la Justicia. Según las cifras disponibles hasta 2015, la impunidad reinaba en el país, producto de la desconfianza ciudadana en las instituciones y los cuerpos de seguridad, pero también ante la poca capacidad de respuesta del Estado frente al delito.
Este récord negativo fue corroborado más recientemente por la Encuesta de Condiciones de Vida –realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, y otras casas de estudio– en su edición de 2017, donde los datos difundidos dejaron ver que la población ha dejado de presentar quejas o reclamos de manera sostenida por un largo tiempo, pues el año pasado 65% de los casos no se denunciaron, y este registro se conserva casi sin variación desde 2014.
Lo anterior revela que la poca disposición de la población a denunciar se mantiene debido a factores que incluyen una mala gestión de los cuerpos de seguridad y la desconfianza en el sistema de justicia.
El estudio de Acceso a la Justicia soporta el referido hallazgo en la poca asignación de recursos al sistema de justicia, la falta de sistemas de supervisión adecuados y estadísticas de gestión, su alta ineficiencia, así como la poca confianza que siente el ciudadano a la hora de denunciar delitos.
Todos estos factores se han unido para alimentar la impunidad en Venezuela y, también, para evidenciar que los poderes públicos sobre los que descansa la administración de justicia y la garantía de brindar seguridad, en lugar de trabajar por y para el ciudadano, prácticamente han anulado el artículo 141 de la Constitución, el cual manda a la administración pública a estar al servicio de los venezolanos, siguiendo los principios “de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad”.
– Yo pido que la atención al público exista. Que se actualice el sistema a la medida del ciudadano y no de los cuerpos de seguridad y justicia. Eso supone que por lo menos todo aquel que acuda a un ente a hacer una denuncia pueda hacerlo. Que se le facilite el proceso, que se le atienda.
– Es necesario que haya un sistema compartido por todos los cuerpos de seguridad, y en los distintos niveles (nacional, regional, municipal). Que se reformen las políticas, porque la impunidad es lo que manda.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El testimonio de Hasler Iglesias deja en evidencia que tanto la obligación del Estado de proteger al ciudadano, así como de garantizarle su derecho a denunciar y que se investigue el hecho delictivo están prácticamente negados por un sistema que promueve la impunidad, al cultivar la no denuncia y obstaculizando el proceso de reclamo.