Los disturbios civiles no muestran signos de finalización, a pesar del reciente declive de la violencia. Más de 300 personas murieron y 2.000 resultaron heridas en los últimos cuatro meses, según grupos de derechos humanos, aunque el gobierno calcula la cifra de muertos en 197.
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El Movimiento 19 de Abril denunció este miércoles que policías antimotines de Nicaragua obstruyeron hoy el paso de “cientos” de personas que se dirigían a Managua para pedir la libertad de los “reos políticos” en una marcha contra el Gobierno de Daniel Ortega.
Según el Movimiento 19 de Abril, los antimotines se establecieron en el Empalme de Boaco, 75 kilómetros al noreste de Managua, para evitar que los campesinos de las zonas central, este y sureste de Nicaragua participaran en la manifestación.
El incidente ocurrió mientras Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, líderes del Movimiento Campesino, enfrentan desde este miércoles un juicio en Managua por los delitos de crimen organizado, asesinato, terrorismo y entorpecimiento de servicios públicos.
Horas antes en la ciudad de Estelí, en la zona norte de Nicaragua, familias denunciaron que dos de sus miembros fueron “secuestrados” por la Policía Nacional y por paramilitares.
Léster Cruz denunció que su hija Ericka, de 15 años, fue capturada mientras grababa con su teléfono celular a una patrulla cuando era detenida una persona no identificaba la tarde de ayer martes.
Esa misma tarde, el joven Carlos Mejía fue “secuestrado por paramilitares”, según denunciaron sus familiares, que pedían su libertad.
Miles de manifestantes se citaron este miércoles en Managua para pedir la libertad de más de 135 “presos políticos”, que han sido capturados por policías, parapolicías o paramilitares, por protestar contra el Gobierno de Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha advertido que Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que es la “criminalización de manifestantes”, luego de la primera que consistió en agresiones a protestas callejeras, y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con saldos mortales.
Tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), las dos principales cúpulas empresariales del país, han mostraron su apoyo a la manifestación y pidieron a sus socios que permitan a sus empleados participar en la marcha.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el Gobierno fija en 198.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de ambos, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE