El Gobierno de Nicaragua emitió este sábado un “informe evaluativo” sobre el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que calificó de “parcializada y politizada”, por los reportes emitidos desde el 21 de mayo pasado.
Según el Gobierno nicaragüense, los informes en los que la CIDH le responsabiliza por la violencia en protestas contra el presidente Daniel Ortega, y que han establecido en 317 el número de muertos como producto de la represión, fueron manipulados desde el inicio.
En referencia al primer informe de la CIDH, el Gobierno afirmó que está basado “en informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados por los autores y ejecutores del intento de golpe de Estado, dándole plena veracidad a los mismos, sin haberle dado posibilidad al Gobierno de Nicaragua de pronunciarse sobre tales afirmaciones infundadas”.
El Gobierno emitió el señalamiento dos días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, que da seguimiento a las investigaciones de los actos de violencia, mostró públicamente su “preocupación” por la negativa del Estado nicaragüense a brindar información.
Asimismo, el Gobierno fue directo al mencionar que “la CIDH manipuló la información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”.
De acuerdo con el Gobierno, “las personas asesinadas en su mayoría son policías, funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto”.
El Gobierno también afirmó que, por “su vocación de paz y actuando de buena fe, aceptó e inició la implementación de las recomendaciones de la CIDH y atendió las solicitudes de los llamados representantes de la sociedad civil de oposición y la Conferencia Episcopal”, pese a lo cual, el organismo “en sus informes ha usado criterios parcializados y sesgados”.
“Los informes y comunicados de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables, por su sesgo político y la metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico”, insistió.
El Ejecutivo nicaragüense insistió en las “políticas injerencistas” de la CIDH “en conjunto con Estados Unidos y otros países”, con el objetivo de “desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su Gobierno Constitucional”.
La Comisión Interamericana “desvirtúa y deslegitima su actividad y la de sus funcionarios al asumir posiciones políticas, en abierta contravención de la Carta de la OEA, el Reglamento y el Estatuto de la propia CIDH”, subrayó el Gobierno de Nicaragua, que exigió una actitud menos parcial del organismo.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
Organismos humanitarios, incluyendo la CIDH, han contado entre 317 y 448 muertos en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, quien reconoce 198 víctimas.
Hoy se cumplen 4 meses de protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
EFE