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Los venezolanos temen una escalada inflacionaria a la vez que sufren de sismos, publica El Mundo.
En las calles de Venezuela reina la confusión: las personas comienzan a adaptarse a las polémicas medidas económicas de Nicolás Maduro, haciendo largas filas en los bancos para hacerse con los nuevos billetes -que restan cinco ceros a la moneda- y pensando minuciosamente cuánto deben pagar por cada transacción.
Por si fuera poco, lo hacen mientras se recuperan de la conmoción causada por un nuevo sismo de magnitud 5,7, réplica del terremoto de 7,3 que sacudió a la mayor parte del país el martes. Al menos, no hubo víctimas.
En Chacao, en el este de Caracas, las personas permanecían en las calles por dos razones: haciendo filas para retirar efectivo de los cajeros electrónicos para comprar alimentos que escasean -como el pan-, o para apartarse de los edificios tras el nuevo temblor.
“Aquí tenemos las siete plagas. Por si fuera poco con todo el caos, viene y tiembla”, se quejaba una mujer en medio de la calle, esperando con sus vecinos que no hubiese una nueva réplica.
Poco a poco, la ciudad volvía a la normalidad: la mayoría de los comercios abrieron y los pagos a través de datáfonos se hacían sin problemas (el martes hubo fallas). Se comenzaban a ver los nuevos billetes, que tampoco sirven para mucho: lo máximo que se puede retirar son 10 bolívares (1.000.000 del cono monetario viejo), que no alcanzan ni para un café.
“Hoy ya están funcionando los puntos de venta (datáfonos), ayer no lo hacían. La gente se ha ido adaptando poco a poco a la eliminación de los cinco ceros. A mí al principio me costó, me demoraba un poco cobrando, pero ya me acostumbré”, dijo a EL MUNDO Betty Contreras, encargada de un restaurante.
Sin embargo, no todos lo tienen claro. “Yo saqué 10, pero no sé bien qué puedo hacer con esto. Tengo que ver cómo es la cosa. Creo que no puedo ni comprar comida”, expresó resignado Alexander, obrero en una construcción, al salir del banco.
A diferencia de en cualquier otro país, el aumento de 3.400% en el salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro no genera alegría, sino temor.
“Ese aumento es una locura, porque es muy excesivo y lo que va a traer es desempleo, porque muchos empresarios van a tener que botar gente. Y los que lo paguen, pues van a tener que aumentar los productos”, dijo a este diario Manuel Colmenares, un mototaxista.
Ayer se reunió el gabinete Ejecutivo de Maduro para definir una política de fijación de “precios justos” sobre varios bienes básicos, para combatir la “guerra económica” que asegura el Gobierno tienen los empresarios en su contra, aumentando los precios para generar descontento y derrocar al mandatario.
Pero aunque a Manuel no le alcanza el dinero, no comparte esa política. “Si el Gobierno pone precios fijos, los productos se desaparecen”, afirmó.
Prohibida la inflación
Pero ya el Gobierno socialista comenzó el ataque, asumiendo que la inflación -que el FMI calcula llegará a 1.000.000% este año en Venezuela-, puede prohibirse.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Fiscalía comenzaron a supervisar comercios para que no suban los precios. La Sundde incluso le ordenó congelar los costos a una de las principales cadenas farmacéuticas del país (en medio de una grave escasez de medicinas).
“Fijan un precio y ese producto desaparece. Anuncian otra vez nuevos precios generando escasez y bachaqueo (reventa). La SOLUCIÓN es PRODUCIR MÁS ¿Es posible con Maduro? NO! Tenemos que hacer respetar la Constitución y lograr un cambio político!”, expresó en Twitter el dirigente opositor Henrique Capriles.
#22Ago Así cree el régimen que van a bajar los precios y se acabará la inflación? Cuándo entenderán que con terror nada de eso es posible? El resultado es un país QUEBRADO! Los delincuentes que saquearon el país son los responsables de la destrucción, no el Gerente de esa cadena! pic.twitter.com/Fa6YEL9Kq5
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 22 de agosto de 2018
El Parlamento, de mayoría opositora, también rechazó las medidas, denunciando que varias de ellas tenían que aprobarse en ese hemiciclo, sin embargo, el Gobierno se apoya en la oficialista Asamblea Constituyente -desconocida por la comunidad internacional-, que rige el país y en la práctica sustituyó al Legislativo.
El martes, el Parlamento aprobó un acuerdo de respaldo a la sentencia del tribunal supremo de justicia paralelo, que condenó a Maduro por corrupción tras el escándalo de constructora brasileña Odebrecht.
El Legislativo manifestó su “respaldo político” a la decisión suscrita por los magistrados en el exilio que acordaron el pasado 15 de agosto una condena de 18 años y tres meses al mandatario venezolano. Sin embargo, todas las decisiones de la Asamblea Nacional son desconocidas por el Supremo, fiel a Maduro.