Una nueva medida de escala salarial basado en el petro, la criptomoneda del chavismo, será la nueva referencia para calcular salarios de los contratos colectivos. Voces como la del abogado y director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, alertan que en esta hora son los sindicatos los llamados a defender “las tablas, no puede aceptar esta maniobra. Aunque es una operación que está en curso creo que van a poder evitar que el sindicalismo oficial salga a revirar (la medida)”. Pero el letargo impera en el movimiento mientras el régimen madurista impone, de manera inconsulta y nuevamente, una desmejora en el mundo laboral, publica Correo del Caroní.
Por Clavel Rangel
Tras el anuncio y publicación en Gaceta Oficial del nuevo salario mínimo nacional, 60 veces por encima del que regía desde junio, el movimiento sindical disidente en Venezuela mantiene dudas sobre el destino de los tabuladores de los contratos colectivos dependientes del Estado, la cláusula de mayor dificultad del acuerdo y una de las razones de ser de las negociaciones contractuales.
Son dudas que se han convertido en alarma, luego de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señalara que ni el mejor contrato colectivo en Venezuela superará el salario mínimo nacional.
“Se ha recuperado el salario al anclarlo al petro, y ese petro a su vez, está sustentado a un barril de petróleo. De manera que: el sueldo más alto del contrato colectivo más favorable, jamás va a superar al salario mínimo en esta nueva tabla (salarial). Se respetan todos los beneficios de la contratación colectiva, solamente que se establece un mecanismo de cálculo para hacer más claro, para hacer más cónsono con la nueva unidad de medida los salarios”, dijo el martes en rueda de prensa.
Aunque el titular de la cartera de Comunicación no ha sido muy diáfano en las últimas semanas, sus palabras han sido tomadas como ciertas por un sector de la dirigencia dado los antecedentes del chavismo de intentar eliminar beneficios considerados privilegios por el Ejecutivo.
En 2009, un documento filtrado del Ministerio del Trabajo titulado Caracterización de las relaciones laborales y la negociación de convenciones colectivas en el sector público establecía la necesidad de eliminar “privilegios en la contratación colectiva” y nivelar a “los de abajo con los de arriba”.
Aclaratoria
En Guayana, los planteamientos de la Central Bolivariana de Trabajadores en asamblea de las empresas básicas y el reciente anuncio de Rodríguez, han reforzado las alarmas de la aporreada y disidente dirigencia sindical, quien en el último año perdió buena parte de los sindicatos en los que el Gobierno permitió elecciones sindicales.
No es un asunto menor el que denuncia la dirigencia sindical. Achatar la curva salarial para abaratar los contratos colectivos de Guayana ha sido siempre una intención del Gobierno no concretada en su afán de ganar indulgencias ante unas empresas improductivas pero con gran poder de movilización política. Lo fue para el gobierno de Chávez y también para el de Maduro quien, desde su mandato, ha paralizado a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia los comicios en los dos sindicatos más grandes del país.
Por eso el miércoles, una comisión de dirigentes fue hasta la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) a exigir cuentas sobre la corrida salarial que debe cancelarse a partir de la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo nacional y que supondría la multiplicación, también por más de 60 veces, el costo de las contratos.
Henry Arias, secretario de trabajo y reclamo del sindicato de Alcasa; junto con Ramón Espino, secretario general del sindicato de CVG Carbonorca; José Hidalgo, secretario general del sindicato de profesionales de Venalum (Sutrapuval) y Oswaldo Febres, del comité ejecutivo de empleados de Venalum (Sutralum), expusieron la urgencia de que se aclare la medida anunciada por Rodríguez.
Otros dirigentes como Javier Torres y Miguel Ekar (Alcasa), Rolando Muñoz (Bauxilum) y Yasmin Roca (Venalum), acompañaron al comité aunque no fueron endidos por el nuevo ministro de Industrias, Carlos Maldonado.
De acuerdo a las convenciones colectivas, el piso para el cálculo de las escalas salariales es el salario mínimo nacional, pero existe el temor que se concrete un método de cálculo que sea perjudicial para lo que el movimiento sindical considera una conquista obrera.
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