Gremios del comercio y dirigentes sindicales dijeron que el nuevo salario mínimo en Venezuela, cuyo cobro llevó el viernes a miles de personas a hacer filas frente a los bancos, está asfixiando aún más al sector y provocando el cierre de firmas en todo el país.
Venezuela, que cuenta con las reservas petroleras más grande del mundo, vive en recesión desde hace cinco años y desde fines del 2017 sufre hiperinflación. El incremento del sueldo mínimo en casi 60 veces anunciado por el Gobierno de Nicolás Maduro en agosto, junto a otras medidas, ha sumado más presión, opinan dirigentes y analistas.
Algunos comerciantes dijeron que no podían cubrir el nuevo salario mínimo y que por eso, en ocasiones, han negociado con sus empleados un pago fraccionado. El monto es además el equivalente al que cobran ahora los pensionados y jubilados, quienes también se agolparon el viernes en las sucursales bancarias.
“Es un proceso de devastación (…) diría que cuatro de cada 10 empresas tiene la santamaría (reja) cerrada y de las seis que quedan, mínimo dos están evaluando si cierran definitivamente o no”, dijo María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).
“Negocios de toda la vida no están (…) y no están desde hace dos o tres semanas”, agregó la líder gremial, dueña de cuatro funerarias en los estados andinos de Mérida y Trujillo.
Actualmente, no hay cifras oficiales de desempleo ni de cuántos comercios existen en el país. Los números más recientes de Consecomercio datan del 2007 e indican que sólo en Caracas existían unos 87.000 comercios formales, dijo Uzcátegui, que calcula que al menos 40 por ciento de ellos ya no existe.
Edgar Reyes, presidente de la Cámara de Comercio de Barinas, en el oeste del país, y un cercano al gobierno, dijo que “para nadie es un secreto que hay un bloqueo por parte de sectores internacionales” que deriva en el fin de los negocios, un factor a su juicio más relevante que el aumento salarial.
“Pese al esfuerzo del gobierno nacional se cierran negocios a diario y se pierden cientos de empleos”, agregó Reyes que tiene un negocio de venta y reparación de aires acondicionados industriales.
El Gobierno sostiene que la crisis económica se debe a una campaña encabezada por Estados Unidos y opositores que buscan sacar a Maduro del poder.
José Pereira, un albañil de 36 años de la ciudad de Valencia, dijo que la compañía de construcción donde trabajaba cerró a fines de agosto porque no podían pagar los salarios. En la empresa “nos pidieron que esperemos hasta este 15 para pagarnos el arreglo” o la liquidación laboral tras el cierre, agregó Pereira, en una fila frente a un banco.
“Esto se volvió una desgracia, no hay luz, agua, y ahora no hay trabajo”, agregó.
En Puerto Ordaz, ciudad industrial del sur del país donde están ubicadas las empresas del hierro, aluminio y acero, trabajadores de las firmas estatales de materias primas llevan cinco días en protesta pues temen un deterioro de sus condiciones laborales tras la imposición del nuevo salario mínimo.
“Estamos alarmados porque se corre por los pasillos que las empresas no tienen para cumplir con el pago. Hoy todavía no han pagado la primera quincena a miles de trabajadores”, dijo Ramón Espino, líder sindical de Carbonorca, productora de ánodos de carbón para la industria del aluminio.
En la zona se quejan por una “desmejora en el beneficio de 59.000 trabajadores. Acá hay un dragón a punto de despertarse por el descontento”, afirmó Rolando Muñoz, un trabajador de Bauxilum, estatal productora de bauxita y alúmina.
María Quintero, una secretaria de 43 años de una empresa de servicios automotrices, dijo en una fila bancaria en Puerto Ordaz que si bien los salarios subieron, también lo han hecho los precios.
“Es inevitable porque vivimos en hiperinflación. Esta quincena igual no da para comer”, agregó Quintero.
Por Vivian Sequera y Angus Berwick/Reuters