Días atrás, estuvimos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, constatando las condiciones deplorables en la que se encuentra su sede. Cada pasillo y cada esquina, hacen de las instalaciones ocasión propicia para cualquier emboscada del hampa. E, incluso, las aulas cuentan con una fortísima reja metálica, probablemente más costosa que los viejos pupitres, pizarrones y carteleras que se permiten guardar, punzando la tentación de los bandoleros más audaces.
Pocos vigilantes, desarmados, hacen lo que pueden para proteger el lugar, obviamente, protegiéndose ellos mismos frente a una incursión que parecerá más un acto de rutina, antes que de audacia. Los delincuentes gozan del visado de unas autoridades que, prestas para la persecución política, se declaran incompetentes para todo lo demás, so pretexto de un disminuido presupuesto, salarios deprimentes, armamento desvencijado.
Y es que no hay universidad venezolana que no se encuentre encarcelada, asediada por una particular custodia: la de los hampones también comunes que no se saben parte de un plan maestro. Éste no es otro que el dejar, adicionalmente, a su suerte a los universitarios en manos de bandoleros que ensayan sus más elementales faenas al acecharlos y, a cambio de un disparo gratuito, hacerse de las pocas pertenencias que se permiten en ciudades en las que sobran todas las precauciones personales posibles.
Es la Universidad Central de Venezuela que, faltando poco, a plena luz del día, se ofrece como escenario impune del delito, a veces, por temor o complicidad, facilitado por sus pocos vigilantes, mientras que una argucia judicial ha prohibido un mayor control de los accesos, a través de sendas puertas, contrastando con la celosamente amurallada y protegida sede del Tribunal Supremo de Justicia que decidió menospreciar el llamado de urgencia de la comunidad universitaria. Son extensos los sectores vedados al libre y espontáneo tránsito, cayendo la noche con sus promesa de peligros.
O es la sede del Núcleo del Litoral de la Universidad Simón Bolívar que, visitada en dos oportunidades, aconseja recogerse rápido e irse para evitar el vuelo rasante, tan breve como angustioso, de un motorizado felón que acumula una alta puntuación, aunque no goce de una mención de publicación. O de las universidades privadas, con vigilantes más atentos, en las que podemos resultar sorprendidos, como ha ocurrido, en el más concurrido de sus espacios, presumiendo una gran fortuna detrás de la modesta tarjeta de débito que vio y midió a la distancia por la compra de un sencillo vaso de café.
Así como ignoramos los niveles de hiperinflación, epidemias u otras estadísticas que debe publicar el Estado, existen unas cifras negras de la delincuencia, las que tanto preocupan a los criminólogos, aún más obscurecidas al tratarse de las aulas. El indecible socialismo en marcha, consiguió un mayor control social de las universidades a las que tanto teme, a través del asalto armado y desarmado, relegado el hurto como una curiosidad que ya no lo es en el renglón del homicidio.
Alentando la deserción, hay miedo de ir a la universidad, recibir o dictar clases, quedando cualquier equipo, tan costoso como inmediatamente irremplazable, a la merced de los mercaderes del hampa. Cosas del Estado Comunal, nada quiere de la búsqueda sistemática de la verdad.