El Gobierno de Nicaragua informó hoy que puede expulsar del país a cualquier extranjero que “participe en la política nacional”, en medio de la crisis que ha dejado cientos de muertos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
EFE
“Se podrá cancelar o revocar la permanencia en el país a un residente o no residente cuando partícipe en la política nacional”, informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Fátima Cerda, a través de medios del Gobierno.
“Ciudadanos de otras nacionalidades que participen en hechos políticos (…) podrían llevar a la expulsión inmediata del territorio nacional”, agregó.
El ciudadano belga, Federico Coppens, padre de la estudiante de medicina acusada de “terrorismo” y otros delitos, Amaia Coppens, de doble nacional nicaragüense y de Bélgica, confirmó que el estatus de europea no le brinda garantías a su hija.
“Tampoco hay que ilusionarse diciendo que por gestiones diplomáticas van a conseguir su liberación”, dijo Coppens.
La estudiante es tratada como una nicaragüense más, e incluso “fue golpeada” como sus compatriotas centroamericanos en la cárcel de El Chipote, según su mamá, Tamara Zamora, nacional de Nicaragua.
La DGME señaló que los ciudadanos extranjeros tienen todos los derechos de los nicaragüenses, a excepción de los relacionados con la política local.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones humanitarias locales afirman que en las cárceles de Nicaragua hay más de 300 “presos políticos”, que fueron capturados desde abril por protestar contra Ortega, y que podrían superar el millar si se confirma que cientos de desaparecidos guardan prisión.
El Gobierno nicaragüense reconoce 199 muertos y poco más de 200 presos, a los que acusa de “terroristas” y de participar en un supuesto “golpe de Estado”.
La crisis inició en Nicaragua por unas fallidas reformas a la seguridad social que, debido al saldo mortal en las protestas, se convirtieron en la exigencia de renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.