La defensa legal de los familiares de las víctimas de abusos del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), a quien este miércoles la Justicia peruana retiró el indulto, calificaron el hecho como “un acto de justicia”.
“Nosotros estamos satisfechos de la resolución, que es un acto de justicia. Lo que había pasado es que habían realizado un acto de impunidad que afectaba los derechos de las víctimas y creemos que con esta resolución nuevamente se restablece la justicia”, dijo a Efe la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y defensa legal de las víctimas de Fujimori.
Asimismo señaló que el indulto otorgado a Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en diciembre pasado, en medio de críticas que señalaban una motivación política, era “un agraviante contrario a los derechos de las víctimas y a la Convención Americana de Derechos Humanos” y que ponía al Perú “en una situación de impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”.
En esa línea, el también abogado de las víctimas Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), expresó que la resolución del magistrado Hugo Núñez Julca, que anula el indulto a Fujimori, “restablece el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas de Barios Altos y La Cantuta”.
El magistrado Hugo Núñez Julca, del juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema consideró hoy fundada una petición civil para que no se aplique el indulto humanitario que Fujimori recibió en diciembre pasado.
Además establece la “ubicación y captura” del expresidente para que “sea reingresado al establecimiento penitenciario”.
Si bien la defensa de Fujimori señaló hoy que apelará la anulación del indulto, la abogada Gloria Cano dijo estar confiada en que una segunda instancia “tendrá los mismos criterios que los de Núñez Julca”.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, respectivamente, y por el secuestro de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en abril de 1992.
EFE