La anulación del indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) se ajusta “a las normas nacionales e internacionales”, afirmó este viernes el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
EFE
“Lo que ha hecho el magistrado de la Suprema Corte, en una sentencia contundente, muy extensa, es determinar que el indulto fue más bien una transacción política, como sabemos, y no correspondía otorgarlo porque no se justificaba desde el punto de a vista de las condiciones”, declaró Vivanco al Canal N de televisión.
El representante recordó que en un pronunciamiento emitido este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el indulto se estableció que un condenado por crímenes de lesa humanidad “sí puede ser indultado si es que comprobaba que su estado de salud es muy grave”. “Pero, para que eso sea valido, hay que determinar en la práctica si efectivamente sufría el exdictador Fujimori de problemas de salud tan graves”, remarcó.
Vivanco también dijo que el indulto “no contribuía a mejorar la confianza en la democracia ni en la justicia” en Perú y que el juez determinó que la gracia otorgada en diciembre por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, “no correspondía a las condiciones de salud de Alberto Fujimori”.
“Que una persona logre tener un tratamiento selectivo y favorable, al que no puede tener acceso el resto de la población, te hace preguntarte si realmente todos los ciudadanos peruanos están medidos bajo la misma vara. De no ser así, la ciudadanía termina no creyendo en la democracia ni en la justicia”, remarcó.
La anulación del indulto a Fujimori también ha sido considerada por la organización Amnistía Internacional (AI) como una victoria para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad por los que el exmandatario fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.
Por su parte, la CIDH señaló este jueves, en un mensaje en Twitter, que la decisión de la Corte Suprema de Perú es una “garantía de justicia para víctimas de crímenes de lesa humanidad”. La defensa de Fujimori apeló el jueves la anulación del indulto, mientras el expresidente permanece internado en una clínica de Lima desde el miércoles, por supuestos problemas de salud tras conocer la decisión judicial.
Sus hijos Kenji y Keiko Fujimori, un congresista actualmente suspendido de sus funciones y la líder del partido Fuerza Popular, respectivamente, anunciaron que sacarán adelante un proyecto de ley en el Congreso para otorgar la libertad anticipada a los presos mayores de 80 años, lo que beneficiaría a su padre.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a cargo del grupo militar encubierto Colina, y de los secuestros de un empresario y un periodista.