Hay 25.340 frente a las 17.696 certificadas en junio por el Defensor del Pueblo, que pide estatuto de protección para ellos, publica ABC.
Por nacionalidades, los venezolanos son el grupo más numeroso de solicitantes de protección internacional en España desde 2016, año en que presentaron petición 3.960 hombres y mujeres de ese origen. En 2017 fueron ya 10.325, el 34% del total. Y ahora, el Defensor del Pueblo le ha contado al gobierno cuántos de esos expedientes tiene sobre la mesa sin resolver y le ha salido la abultada cifra de 17.969 a fecha del pasado junio, un número que contrastaba con la entrega de tan solo 3 reconocimientos de la condición de refugiado a otros tantos individuos de esa nacionalidad.
Pero el ritmo de afluencia se ha acelerado en los últimos meses, coincidiendo con el deterioro de la situación de seguridad y el incremento de la violencia en el país iberoamericano. Lo demuestran datos recogidos de Eurostat y facilitados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que revelan que esas 17.969 solicitudes se habrían convertido en 25.340 a fecha 30 de agosto, lo que da una diferencia de mas de 7.600 nuevos aspirantes.
Con sus números de junio, el Defensor del Pueblo se ha dirigido ahora al Ministerio del Interior para recomendarle que realice «una declaración general de protección temporal» para los venezolanos de un año de duración que contribuya a acabar lo más rápidamente posible con su situación que -dicen- es de «extrema vulnerabilidad».
La «protección temporal» está regulada por una Directiva de 2001 y, como recuerda la directora de políticas y campañas de CEAR, Paloma Favieres, requiere una decisión del Consejo de Europa y «no se ha activado nunca. Ni en la crisis de los refugiados de 2015». Los datos de Eurostat lo corroboran. Diferente al estatus de refugiado recogido en la Convención de Ginebra, de la protección internacional subsidiaria o por razones humanitarias, esta «protección temporal» está prevista para casos de afluencia masiva de desplazados llegados de fuera de la UE y otorga derechos como permiso de residencia o trabajo y acceso a la sanidad.
Desde el Ministerio del Interior, a preguntas de ABC, confirmaron ayer haber recibido la recomendación del Defensor. «Ha llegado, se estudiará convenientemente y con toda la atención», explicaron fuentes del departamento, que indicaron que una declaración de protección colectiva como la que se aconseja «no se ha abordado». Y añadieron, «lo que no quiere decir que no haya ningún estudio en marcha».
Estatuto de «protección temporal»
La exigencia de que se aplique esa figura no es, sin embargo, original del Defensor del Pueblo. El PP ya lo ha pedido en una Proposición No de Ley presentada a mediados de septiembre en el Congreso. Días después, se entendió que quedaba descartada cuando el titular de Exteriores, Josep Borrell, anunció que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez había encargado «aumentar los visados (sic) por razones humanitarias» a los venezolanos llegados a España. La base de estadísticas de la UE Eurostat llega hasta 2014 en materia de peticiones de asilo y señala que ese año se concedieron cero protecciones por razones humanitarias en España.
Tras aceptar la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska anunció con vehemencia en julio en sede parlamentaria su intención de reformar la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), cuyo funcionamiento era -dijo- lamentable. Es coincidiendo con el verano que los 17.969 solicitudes de venezolanos contabilizadas por el Defensor del Pueblo han crecido hasta las 25.340, convirtiéndose en reflejo del éxodo de un pueblo que huye de la miseria a la que les ha condenado el gobierno de Caracas. Aquí, los seis meses de plazo para dictar resolución definitiva respecto a cada una de las instancias de protección internacional no se cumplen y la espera puede llegar al año y medio.
Para CEAR, la «protección temporal» planteada es positiva, pero recuerdan que no excusaría de hacer el estudio individualizado de cada expediente que exige la Convención de Ginebra, y que en este caso defienden más aún desde el convencimiento de que entre los venezolanos llegados a España «hay gente merecedora del estatuto de refugiado».