En 1998 existía en nuestro país un rebaño de 14 millones de unidades animales de ganado vacuno (“cabezas de ganado”), para una población de aproximadamente 20 millones de habitantes. La norma internacional es que debe existir por lo menos una unidad animal por habitante para garantizar un normal abastecimiento cárnico y de lácteos a la población y la eventual posibilidad de exportar.
Con la producción de ese rebaño vacuno se abastecía el 100% nuestro consumo de carne y el 70% de lácteos, a pesar de existir la posibilidad de exportar carne estábamos limitados por la presencia de la enfermedad denominada fiebre aftosa en algunos estados productores. Pero la inseguridad personal y jurídica, el irrespeto a la propiedad y los mecanismos de control gubernamental a la actividad productiva fueron diezmando nuestra ganadería.
Hoy para una población aproximada de 31 millones de habitantes, nos quedan 7 millones de unidades de ganado bovino. Es por eso que, aún con la caída estrepitosa del consumo tanto de carne como de lácteos, tendríamos que importar el sesenta por ciento de ambos alimentos. Antes del aumento del salario mínimo, la demanda de carne se mantenía equilibrada con una moderada escasez, debido a la imposibilidad de la mayoría de la población de adquirirla por su bajo poder adquisitivo. Pero el aumento de 5.000% del salario mínimo elevó la demanda sobre una oferta de carne que se ha mantenido estática y con tendencia a la baja.
Por otra parte, el alza del salario ha generado un impacto en el costo de la mano de obra y también en el precio de los insumos y de los servicios utilizados en todo el circuito de producción cárnico. Lógicamente ya el costo de producción, de transformación, transporte y de comercialización no es el mismo, por lo tanto la carne ha aumentado su valor comercial.
En una economía ordenada, un aumento salarial debe hacerse cuando exista, por lo menos, una relación armónica entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, disciplina fiscal y una política cambiaria eficiente. El régimen ha hecho todo lo contrario: acabó con la oferta de bienes y servicios nacionales, gasta más de lo que recauda, mantiene un desorden en la política cambiaria y aumenta temporalmente la demanda mediante la emisión de dinero inorgánico. Su mínima capacidad de maniobra, lo ha llevado a tomar medidas aisladas e incoherentes como el aumento del ingreso mínimo mensual. El resultado ha sido incrementar la inflación y acabar con la poca producción nacional existente.
La respuesta del régimen al comportamiento natural de la oferta y la demanda, ha sido intentar imponerse frente a la cruda realidad con más controles y más represión contra los productores en detrimento de los consumidores. Nuevamente el gobierno vuelve a aplicar su fracasada fórmula: regulación, control y represión.
El problema con la escasez de carne se debe, entre otros abusos, a que el gobierno se apropió de más de 6 millones de hectáreas donde existían unidades en plena producción, las cuales fueron diezmadas. De esas propiedades desaparecieron, nada menos que más de 7 millones de cabezas de ganado vacuno. Ahora después de cometer esa barbaridad, el gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y “señores feudales comunales” andan sabaneando por las zonas productoras, con el fin de apropiarse arbitrariamente del rebaño que ha podido sobrevivir a la aniquilación progresiva de la actividad ganadera de nuestro país. Un acto infame para ganar indulgencia con escapulario ajeno. Como no tienen como producir y poco dinero para importar arrebatan, con marcada desesperación: “Mi reino por un novillo”
El régimen en su impotencia por no poder repartir a todos una carne que no existe, y ante la imposibilidad de importar por la falta de divisas que ya no puede aportar Pdvsa, está saqueando en cayapa las pocas unidades de producción existentes, condenando de esta manera a la ruina a honestos productores y acabando con la menguada producción nacional de carne y de leche.
El gobierno, hoy convertido en el único latifundista de nuestro país, con más de diez millones de hectáreas ociosas, con más de setecientas instalaciones industriales y comerciales que expropió y destruyó, no asume su responsabilidad ante la debacle que ha desatado y ahora pretende ponerle la mano a la incipiente producción nacional de alimentos para repartirla a su antojo y dejar a más del 90% de la población desabastecida. En este ejemplo de la carne, pueden verse reflejados también otros sectores de la economía nacional.
Ante la gravedad de la crisis por la que estamos atravesando estamos urgidos de un gobierno y de poderes públicos que resuelvan de forma inmediata la situación creada por este régimen indolente e ineficaz. Necesitamos un Estado Democrático que garantice al sector productivo privado seguridad jurídica y políticas públicas necesarias para estimular la propensión a invertir y a producir en nuestro país para poder abastecer a nuestra población de bienes y servicios de forma suficiente y oportuna. Un país como éste, extenso y fértil, con tantos recursos para producir todo lo que necesitamos y mucho más, merece una oportunidad. En el cambio está la clave.
@fernandocaminop