Cinco presos han muerto en lo que va de año en dos centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, específicamente en San Agustín y Boleíta, en la conocida zona 7 de la policía metropolitana. Las causas de dichas muertes según versiones de familiares han sido crímenes cometidos por sus compañeros, otros que han sido golpeados pero no les han dado explicaciones y desnutridos.
Según los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) desde el mes de abril hasta la presente fecha son cinco los privados de libertad fallecidos y no existen responsables algunos por estas muertes y muchos menos un pronunciamiento por parte del Estado.
El primer crimen fue cometido el 28 de abril en Boleíta, los detenidos ahorcaron a Carlos Enrique Pérez Gómez (21), según relataron los propios familiares el preso habría defecado dentro del calabozo y por eso sus compañeros lo mataron.
Carlos Francisco Rangel Novais (27), fue la segunda víctima quien el 16 de julio fue sacado sin vida de los calabozos de la PNB de San Agustín, los funcionarios le dijeron a los familiares que había sostenido una riña con los compañeros sin dar más explicación, pero sus seres queridos quienes habían visto al preso un día antes notaron marcas en su cuello y muñecas, además el joven les explicó que estaba siendo torturado por los funcionarios.
Los familiares denunciaron ante los medios de comunicación la situación en el momento en el que el preso falleció, pues tan solo tenía seis días privado de su libertad y había sido testigo de cómo su hermano murió en un presunto enfrentamiento con la PNB.
Ronald Daniel Subero Alcalá, fue asesinado el 7 de agosto, se convirtió en el segundo preso fallecido de Boleíta, este hombre fue golpeado por sus compañeros y sacado sin vida.
El cuarto reporte fue el de Carlos Suárez Navarro (21), falleció el 15 de octubre. Tenía 40 días detenido en los calabozos de San Agustín y según relató el propio interno a su familia este no ingería alimentos a pesar que su familia se la llevaba nunca le llegaban a sus manos, por lo que había rebajado considerablemente, presentando un estado de desnutrición grave y cuando su madre lo pudo ver, observó que estaba bastante débil, tenía seis días sin siquiera tomar agua y a pesar de que pidió a los funcionarios que lo trasladaran a un centro asistencial, no le prestaron la atención médica, murió un día después; según la autopsia practicada a este preso develó que tenía un edema pulmonar, por lo que se cree que fue golpeado también.
El último reporte que tiene OVP, es el deceso Kenry Joseth Bogado Hernández (33), se pudo conocer que falleció en los calabozos de San Agustín este domingo 21 de octubre, según conoció esta organización habrían sido sus compañeros de celda, al menos siete que lo golpearon.
Por estos cinco crímenes Humberto Prado, coordinador de OVP manifiesta que una persona desde el momento de su detención es responsabilidad del Estado, así como lo establece la Constitución de la República en su artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”
Así mismo prado indica que se deben recordar las palabras de Joel Hernández, relator para los Derechos de las Personas que están privadas de libertad, quien en el 169 período de sesiones de IDH BOULDER – EEUU de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó “a la relatoría le preocupa la situación que guardan todas las personas privadas de libertad, es el grupo poblacional más invisible, pareciera ser que cuando las personas se encuentran en recintos penitenciarios han quedado borradas de la sociedad, su situación personal pasa desapercibida a la luz de la opinión pública y muchas veces de gobernantes y políticos”, además el relator exigió al Estado que fueran transparente con la situación en los centros de detención preventiva y que dieran un balance de cuantas personas existen en ella y mostró preocupación por el trato dentro de estos recintos.
Al rememorar estás palabras del relator el coordinador de OVP indica que es hora que el Ministerio Público investigue y “vaya responsabilizando a los funcionarios que bajo su responsabilidad mueren estos venezolanos. Ya son cinco muertos desde abril. Si no te mata una enfermedad, te matan tus propios compañeros y la situación es que hasta el día de hoy no vemos de parte del Estado ni la más mínima intención de solucionar estructuralmente el problema de los calabozos policiales”, recalca Humberto Prado.
OVP además denuncia que las muertes allí ocurridas han vuelto a estos centros de detención preventiva de alta peligrosidad, sumado al alto índice de hacinamiento que existen en ambos recintos carcelarios.
Según los registros de OVP para julio del presente año en seis celdas que tiene en San Agustín estaban recluidos al menos 220 presos y cada una tienen una capacidad para albergar a 10 internos, es decir que el excedente es de 160 internos lo que se traduce aun 366, 66 % de hacinamiento, mientras de Boleíta para agosto de este año se registraban la cantidad de mil presos y su capacidad es de 250, siendo un excedente de 750 presos , es decir 400 % de hacinamientos, en los centros de detención preventiva de la PNB.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones