Mientras que la región está abrumada con oleadas de migrantes y refugiados que huyen de Venezuela, un evento decisivo espera a la vuelta de la esquina. Según la constitución venezolana, el 10 de enero de 2019 comienza un nuevo período presidencial.
Por Moisés Rendón en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Sin embargo, las elecciones presidenciales celebradas a principios de este año no solo fueron no libres e injustas, sino que también fueron consideradas inexistentes por la Asamblea Nacional. Más de 50 países no reconocieron los resultados de las elecciones, dejando abierta la posibilidad de que Nicolás Maduro no sea reconocido como presidente de Venezuela por estos países después del 10 de enero. Ante esta incertidumbre, ¿cómo decidirá la comunidad internacional responder, y cuáles son las implicaciones de estas decisiones en el futuro?
Así se definió el mundo después de las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018
Mientras tanto, la crisis humanitaria de Venezuela ha seguido empeorando. Alrededor de 2,5 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos tres años, y se espera que muchos más lo hagan a medida que la economía del país siga implosionando. El Fondo Monetario Internacional predice que el país alcanzará una inflación del 10 millones por ciento en 2019. El gobierno venezolano continúa rechazando la ayuda humanitaria del exterior. La represión política se ha intensificado y, según el Foro Penal, más de 237 presos políticos se encuentran actualmente ilegalmente en Venezuela.
En un caso, legislador y miembro de la Asamblea Nacional Juan Requesensfue tomado como rehén en medio de la noche en su casa por el SEBIN, la agencia nacional de inteligencia y policía de Venezuela. Este apresamiento se realizó sin una orden judicial y fue una violación de su inmunidad parlamentaria. Fernando Alban , un concejal y disidente político de Caracas, fue arrestado después de regresar de un viaje a la reciente Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York. Murió tres días después, mientras estaba bajo la custodia de SEBIN. A pesar del informe del gobierno de que Alban se suicidó al saltar del edificio del piso superior de SEBIN, hay pruebas de que Alban fue torturado mientras sus pulmones se llenaban de agua. Además, el coordinador nacional de investigación de la morgue. que recibió el cuerpo de Alban en Caracas, confesó haber alterado los resultados de la autopsia debido a la presión de un alto funcionario.
En respuesta a las actividades criminales del gobierno de Venezuela, que incluyen el narcotráfico, los Estados Unidos y otros países han sancionado a más de 70 funcionarios gubernamentales y miembros militares de alto nivel de Venezuela, entre ellos Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Sin embargo, Maduro y su círculo íntimo continúan manteniendo el poder a expensas del bienestar del pueblo venezolano. En un evento de CSIS Américas a principios de este mes, el embajador William Brownfield, ex secretario de estado adjunto para Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, llamó a Venezuela “no solo un estado narco, sino un estado mafioso”.
Un cuento de dos gobiernos
El problema de legitimidad de Venezuela se ejemplifica por sus instituciones paralelas . El país tiene dos tribunales supremos: uno en Caracas, cuyos miembros fueron nombrados por Maduro, y otro en el exilio, que fue nombrado por la Asamblea Nacional legítima. El tribunal en el exilio (llamado Tribunal Supremo de Justicia legítimo, o TSJ), que se reúne en el edificio del parlamento de Colombia, ha dictaminado que Maduro debe ser excluido.de la oficina ejecutiva. También ha ordenado que se le emita una orden de arresto internacional por cargos de lavado de dinero y corrupción. El Secretario General de la Asamblea Nacional y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apoyó el veredicto y alentó el reconocimiento universal de la decisión del TSJ. Como era de esperar, el gobierno de Maduro optó por no reconocer esta o ninguna de las sentencias del TSJ, que efectivamente descarta cualquier mecanismo que la oposición pueda tener para controlar el poder del gobierno de Maduro.
Después de que los partidos de la oposición obtuvieron el control de la Asamblea Nacional en 2016, el gobierno de Maduro respondió formando la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima (ANC). El año pasado , 545 constituyentes pro-régimen fueron elegidos para el ANC mediante una votación que ha sido denunciada universalmente como antidemocrática. La ANC tiene poder de facto, pero no de jure.—Remplazó a la legítima asamblea nacional. Dirigido por Nicolás Maduro y su círculo íntimo, el objetivo del ANC no es simplemente reescribir la constitución, sino también establecer formalmente un sistema político comunal con poder absoluto, no muy diferente al de Cuba. A pesar del no reconocimiento por parte de la comunidad internacional, el ANC ha seguido disparando a las autoridades, desmantelando instituciones como la Asamblea Nacional, promulgando nuevas leyes y códigos, y modificando los ciclos electorales.
Venezuela también tiene dos fiscales generales. En agosto de 2017, Luisa Ortega Díaz, leal al ex presidente Chávez, fue despedida por la ANC de Maduro después de cumplir 10 años como fiscal principal del país. Actuando desde el exilio en el extranjero, Ortega dirigió una serie de investigaciones sobre Maduro y otros funcionarios gubernamentales por violaciones de derechos humanos y corrupción. La evidencia de Ortega, presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI), incluye reclamos de corrupción masiva y más de 8,000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno desde 2015. A pesar de que Venezuela se ubica como uno de los países más corruptos del mundo, Tarek William Saab, el Fiscal de facto designado por el ANC, niega todas las denuncias provenientes del extranjero. Sin embargo, la presión internacional sigue creciendo, especialmente después de que la OEA y un panel de expertos internacionales independientes publicaron un informe a principios de este año que describe los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Tras el informe, seis países sudamericanos, Canadá y Francia han instado a la CPI a investigar Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Otros países, como Alemania, podrían sumarse.
La legitimidad de Maduro en peligro
La legitimidad de un presidente se puede medir a través del origen de su poder, además de la forma en que ejerce su poder. Si bien la legitimidad de origen de Maduro fue cuestionada por las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2013, se mantuvo intacta internacionalmente. La presencia de Maduro en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado lo demostró. En contraste, la legitimidad del ejercicio de Maduro ha sido constantemente cuestionada en los últimos seis años debido a violaciones de los derechos humanos, la corrupción y otras actividades ilícitas. Sin embargo, después de las elecciones presidenciales ilegítimas de este año, tanto la legitimidad de origen como el ejercicio de Maduro están en peligro.
Las elecciones presidenciales más recientes de Venezuela el 20 de mayo de este año tuvieron la participación más baja en la historia electoral del país. Consideradas inexistentes por la Asamblea Nacional, las elecciones se caracterizaron por grandes desafíos para la legitimidad de los actores y procedimientos electorales, así como por reclamos de supresión de votantes. Creyendo que la democracia de Venezuela no puede ser restaurada por medios electorales en este momento, la mayoría de los partidos de oposición boicotearon las elecciones. No obstante, a través de procedimientos injustos y no transparentes, el Consejo Nacional Electoral oficial anunció a Maduro como el ganador y presidente electo.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional después del 10 de enero?
Si la comunidad internacional decide desafiar el derecho de Maduro a continuar en el cargo después del 10 de enero, tiene opciones. Entre otras cosas, debe:
1- suspender la acreditación de los embajadores actuales de Venezuela y enviarlos a casa;
2- ratificar y reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional electa y la Corte Suprema en el exilio;
3- reconocer los fallos anteriores del Tribunal Supremo en el exilio;
4- prohibir cualquier otro acuerdo internacional con el régimen de Maduro; y
5- rechazar visas a miembros del régimen venezolano y, en caso de actividades ilícitas, prepararse para la detención y el enjuiciamiento.
No hacer nada tiene tremendas consecuencias para Venezuela y la región. Si bien la mala práctica electoral en Venezuela ha erosionado la confianza en las autoridades, estimulando los brotes de violencia, los resultados siempre han favorecido a Maduro y su círculo íntimo. Después de dos décadas de batalla política, el pueblo venezolano está exhausto o en el exilio. Un intento concertado de la comunidad internacional para expulsar a Maduro de su cargo desafiando su legitimidad puede ayudar a los venezolanos a recuperar su país.
Moises Rendon es miembro y director asociado del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, DC
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una institución privada exenta de impuestos que se enfoca en temas de políticas públicas internacionales. Su investigación es no partidista y no propietaria. CSIS no toma posiciones políticas específicas. En consecuencia, todas las opiniones, posiciones y conclusiones expresadas en esta publicación deben entenderse como exclusivas del autor (es).