El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que ha puesto en marcha una serie de dispositivos para preservar el derecho a voto, especialmente el de las minorías, y evitar que se cometa fraude en los comicios legislativos del martes.
EFE
Dentro de esas medidas, el Gobierno estadounidense habilitará varios números de teléfono para recibir quejas de votantes relacionadas con violaciones de la ley electoral; reclamaciones que también se podrán efectuar a través de fax, por correo electrónico y por la página web del Departamento de Justicia.
El Ejecutivo también instó a los ciudadanos a alertar directamente a las autoridades locales ante cualquier posible crimen. El Departamento de Justicia recordó que son las Administraciones estatales y municipales las responsables de gestionar los comicios en el país, mientras que la División de Derechos Civiles es la encargada de aplicar las leyes federales de derecho a voto.
Con ese fin, dicha división enviará personal a 35 jurisdicciones de 19 de los 50 estados. El fiscal general del país, Jeff Sessions, recalcó que centrará los recursos del Departamento de Justicia en garantizar el cumplimiento del derecho a sufragio. “El fraude en el proceso de voto no será tolerado. El fraude corrompe la integridad de las elecciones”, incidió Sessions en el comunicado.
“Este año estamos usando cada herramienta legal que tenemos, tanto civil como penal, para proteger los derechos de millones de estadounidenses para emitir su voto sin trabas en cada uno de los más de 170.000 distrito en EE.UU.”, subrayó.
Otra de las misiones de la División de Derechos Civiles será recopilar información sobre distintos aspectos, como, por ejemplo, “si los votantes son objeto de requisitos electorales o procedimientos diferentes en base a la raza, el color o su pertenencia a grupos que empleen lenguas minoritarias”.
En concreto, la División velará para que las “jurisdicciones” en los comicios cumplan con los preceptos destinados a las minorías, que están recogidos en la Ley de Derechos Electorales de 1965.
Esa norma fue elaborada para garantizar que los afroamericanos pudieran ejercer su derecho al voto en los estados del sur, que contaban con amplias restricciones al respecto. En 2013, el Tribunal Supremo tumbó un apartado esencial de esa ley que obligaba a ciertos territorios sureños -tradicionalmente discriminatorios con minorías- a que sus regulaciones electorales fueran avaladas previamente por el Gobierno federal.