El régimen de Nicolás Maduro devino formalmente en una dictadura militar luego de desconocer la eleccion parlamentaria anulando la Asamblea Nacional y sustituyéndola por una Constituyente electa ilegítimamente sin referéndum popular ni voto universal.
Actualmente en Venezuela hay cientos de presos políticos, muchos de ellos torturados, y miles de perseguidos que tienen alguna medida judicial por razones políticas, más allá de prácticas de sometimiento generales como la anulación de pasaportes o el impedimento de renovarlo. No en vano se activó contra el tirano un juicio en la Corte Penal Internacional, en el que se tiene evidencia de asesinatos viles como los cometido contra manifestantes pacíficos el año pasado, o el más reciente y cruento contra el concejal Albán. En esta materia, el valiente joven Lorent Saleh desterrado hoy en España, es testimonio viviente del terrorismo de Estado que impera hoy en Venezuela.
Es por esto que no podemos calificar sino de amenaza de muerte, las declaraciones recientes de Nicolás Maduro contra los dirigentes de nuestro partido Américo de Grazia y Andrés Velásquez, ordenando su desaparición y extinción luego de hacer unas acusaciones irresponsables que solo buscan tapar los crímenes cometidos por la cúpula gobernante en lo que respecta al Arco Minero, donde se ha cometido de forma sistemática un ecocidio y genocidio con la participación activa y comprobada de grupos guerrilleros colombianos como el ELN.
Adicional a lo anterior, es evidente también el secuestro institucional hecho por el régimen al ente electoral, perpetuando fraudes electorales consecutivos, siendo el último el simulacro de elección presidencial que no fue reconocido ni por el pueblo que venció el chantaje y se abstuvo, ni por la gran mayoría de la comunidad internacional. El caso es que según nuestra Constitución el próximo 10 de enero comienza un nuevo periodo presidencial y debe juramentarse a un nuevo mandatario escogido en elecciones libres, lo que no va a ocurrir mientras siga usurpando el poder el dictador. Tal situación obliga a restituir la democracia por cualquier vía, tal como rezan los artículos de nuestra propia constitución que al respecto señalan:
“Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Este es único parámetro concreto que existe para guiar un proceso de transición, entendiendo en primer lugar que la restitución de la vigencia de la constitución es un deber de todos y que no es negociable. Esto lo digo para quienes privilegian una negociación sobre el cumplimiento de la constitución. Que quede claro que tanto un referéndum aprobatorio de un nuevo texto constitucional propuesto por este adefesio constituyente, como una juramentación en cualquier circunstancia del dictador, son netamente inconstitucionales y deben ser desconocidos. Lo que aplica es colaborar con el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución como dice el citado artículo 333, y el desconocimiento abierto tanto de un nuevo texto constitucional como de un nuevo periodo del dictador como ordena el 350.
Los venezolanos no queremos concesiones, sino derechos. No merecemos menos que democracia, la misma que tienen los demás países. No se trata de soltar unos presos para que sus celdas la ocupen otros, o de un canal humanitario para que siga el saqueo de parte de la misma cúpula corrupta, o de simular un respeto a la Asamblea Nacional mientras exista un poder supraconstitucional por tiempo ilimitado. Se trata de restituir la vigencia plena de la constitución para que cese la persecución de raíz y para que el pueblo recupere su derecho de cambiar y tener el Gobierno de su preferencia con elecciones libres y en condiciones justas.
La Asamblea Nacional puede llenar el vacío y conducir la transición en Venezuela, pero no es de su atribución expresa ni mucho menos exclusiva, toda vez que los precitados artículos le ortogan esa tarea a todos los ciudadanos “investidos de autoridad o no”. En este sentido deponer la dictadura para convocar elecciones generales debe ser la agenda de la población civil y militar comprometida con la democracia, con el apoyo activo de la comunidad internacional. Ninguna negociación cupular con cómplices que toda dictadura es capaz de fabricar, podrá sustituir el derecho a vivir en democracia y en el marco de un Estado de Derecho con garantías ciudadanas.
Sobre la amenaza a nuestros dirigentes responsabilizamos directamente a Maduro de lo que pueda pasarles y le solicitamos a la comunidad internacional la atención y protección debida ante esta peligrosa situación, al tiempo que ratificamos nuestro compromiso con la lucha por la libertad de Venezuela.
JOSÉ IGNACIO GUÉDEZ YÉPEZ
Secretario General de La Causa R
@chatoguedez