El expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011) justificó este domingo su pedido de asilo diplomático en la residencia del embajador uruguayo en Lima por el “clima de persecución política” que vive su país impulsado por el afán del Ejecutivo de Martín Vizcarra para “copar las instituciones”.
EFE
Así lo explicó el propio García en una carta dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y que fue difundida por las redes sociales del Partido Aprista de Peruano (PAP), en la que narró su visión sobre lo que sucede en Perú y rechazó las acusaciones de corrupción en su contra vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.
“Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución (…) En mi país, la guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimiento investigatorios, extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones”, denunció García.
Así, según el expresidente, las acciones de la Fiscalía en su contra y la orden judicial de impedimiento de salida del país por 18 meses que se le impuso el sábado tienen un “propósito político y persecutorio” contra su persona.
García insistió, como ya hizo en anteriores ocasiones, que desde que estalló el escándalo de Odebrecht, “la atención fue puesta” sobre él a la espera de “las delaciones acordadas” entre la empresa y la fiscalía arrojaran pruebas de pagos o sobornos.
Sin embargo, “pese a especulaciones gratuitas o rumores que los adversarios y los agentes del gobierno difundieron”, no existe “ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito, mencionados por ningún declarante peruano o brasilero” vinculados con la compañía brasileña.
García apuntó que desde que asumió Vizcarra tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski el pasado mes de marzo, “un nuevo tipo de política se ha instaurado” en el país, que se basa en “la confrontación y el arrinconamiento de los otros poderes” del Estado.
Según dijo, las políticas del mandatario que confrontan al Congreso, dominado por los opositores fujimoristas y sus aliados del PAP, son tan solo “un recurso para fortalecer la pasajera popularidad del presidente accesitario tras la vacancia”.
Asimismo, apuntó que el conflicto entre Vizcarra y el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, acusado de formar parte de una organización criminal que vendía favores en el seno del Poder Judicial peruano, solo tiene el propósito “de destituirlo y entregar la institución a fiscales dóciles al gobierno”.
“Por primera vez en un régimen, en apariencia democrático, tanto el presidente accesitario como su primer ministro han reclamado públicamente la destitución por el Congreso del Fiscal Chavarry”, indicó García.
Según su relato, la negativa del Congreso a este pedido es la que llevó que la Justicia peruana acusara al fujimorismo de haber recibido financiación irregular y cometido el delito de lavado de activos en el proceso para meter en prisión a su líder Keiko Fujimori.
A su juicio, la exigencias del Gobierno para cambiar al Fiscal de la Nación se deben a su interés “para evitar, como se presume, su propia investigación y enjuiciamiento por casos en los que, ex ministros del régimen Kuczynski, como los actuales presidente y primer ministro, estarían comprometidos”.
“La Justicia en el Perú vive una situación anómala, y la situación jurídica de un dirigente político opositor está gravemente amenazada”, añadió.
García es investigado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez por presuntamente haber recibido un pago de Odebrecht por 100.000 dólares para dictar una conferencia en Brasil, a través de un intermediario.
Ese dinero, de procedencia ilegal, se hizo efectivo a través de un testaferro de la empresa, habría sido parte de un soborno para favorecer a la empresa Odebrecht en la licitación de las obras del metro de Lima, según la fiscalía.
El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García salga de Perú es evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990). EFE