Pese al bloqueo de Twitter en China, los adversarios del régimen comunista logran usar localmente esta red social y otras occidentales para comunicarse entre sí. Pero la censura ha alargado sus tentáculos.
AFP
Para evitar los bloqueos impuestos por China a Google, Facebook y otras redes sociales, los chinos recurren a Redes Privadas Virtuales (RPV, VPN en inglés), unos programas informáticos gratuitos o de pago que permiten desbloquear el acceso a las páginas web extranjeras.
El problema es que hace tiempo algunos disidentes se quejan de que la policía los obliga a borrar mensajes como parte de una discreta campaña represiva lanzada al comienzo del año.
Es una “masacre silenciosa”, acusa Yaxue Cao, quien gestiona desde Estados Unidos el sitio internet de defensa de los derechos humanos China Change.
Un internauta explicó a la AFP bajo anonimato que unos agentes lo forzaron a suprimir mensajes críticos con el Partido Comunista Chino (PCC) que había difundido en la red social estadounidense.
Tras pasar una noche en comisaría tuvo que dar sus códigos de acceso a los interrogadores que borraron los mensajes delante de él, antes de obligarle a escribir una carta de arrepentimiento y de avisarle que más le valdría no reincidir.
“Cuando te ves amenazado haces lo que te digan que hagas”, declara.
En algunos casos las autoridades logran destruir por sí mismas las cuentas que desagradan al régimen.
La semana pasada, Cao afirmó que la cuenta Twitter de un disidente condenado a finales de 2017 a ocho años de cárcel, Wu Gan, desapareció de repente, al igual que sus más de 30.000 mensajes.
“Perjudiciales”
Desde su llegada al poder hace seis años, el presidente Xi Jinping aumentó la vigilancia de la red e hizo adoptar una legislación estricta.
El lunes, la administración nacional del ciberespacio anunció haber “limpiado” casi 10.000 cuentas acusadas de propagar contenidos “políticamente perjudiciales”, pornográficos o rumores en las redes sociales chinas como WeChat o Weibo.
El refuerzo de la censura en las páginas web nacionales conduce a muchos activistas a decantarse por los sitios extranjeros.
“Es normal que Twitter esté en el punto de mira”, estima el activista Li Xuewen, detenido el año pasado por haber abierto una web en homenaje a Liu Xiaobo, el premio Nobel de la Paz fallecido tras permanecer detenido nueve años.
En octubre la policía lo llamó desde casa de sus padres. Los agentes le explicaron que tenían órdenes “de arriba” de encontrarlo para que borrara los mensajes.
Algunos internautas reciben una advertencia y a otros se les pide que borren algunos mensajes específicos.
Wen Tao, cercano al artista contestatario Ai Weiwei, dice que la policía también lo contactó recientemente por un tema de mensajes.
Doble recompensa
Quizá no haya muchos chinos en Twitter pero la red social “permite a los disidentes comunicarse entre sí y también con el mundo exterior y los medios de comunicación occidentales”, afirma Emily Parker, autora de un libro en 2014 sobre los ciberdisidentes.
“Pekín se preocupa por todo lo que pueda parecer una organización en la red. No es asombroso que Twitter esté en la mira”, comenta.
Ante la represión, algunos renuncian a desafiar a las autoridades. Es el caso de Li Xuewen, convencido de que “de todas formas alzar la voz actualmente no sirve de nada”.
Para expurgar internet al máximo, el regulador de los medios de comunicación en China anunció el viernes que doblará el montante máximo de la recompensa prometida a los ciudadanos que informen de cualquier contenido “ilegal” o pornográfico. A partir del 1 de diciembre, pasará de 300.000 a 600.000 yuanes (38.000 a 76.000 euros, entre 44.000 y 87.000 dólares).
En ocasiones la represión choca con obstáculos.
La semana pasada, una universidad técnica de Guilin (sur) anunció que controlará los teléfonos y los ordenadores de los estudiantes y de los profesores para quitar los contenidos sonoros o de vídeo “ilegales”, informó la prensa oficial.
La dirección parece haber decidido dar marcha atrás ante el revuelo que se montó en los círculos universitarios, apoyados por abogados que cuestionan la legalidad de la medida porque vulnera, según ellos, la protección de la vida privada.