Un juez de garantías decidió este lunes enviar a juicio oral y público al expresidente panameño Ricardo Martinelli por una causa de supuestas escuchas ilegales a políticos, empresarios y periodistas durante su mandato (2009-2014).
EFE
“Habiéndose demostrado las razones en derecho de manera objetiva que demuestran sin lugar a dudas que la Corte Suprema de Justicia, el pleno y este magistrado de garantías son los competentes para conocer este proceso, procedo a dictar el auto de apertura a juicio”, sostuvo el juez de garantías, Jerónimo Mejías.
El Órgano Judicial informó asimismo que la “fecha de juicio oral es 11 de diciembre de 2018”, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
Mejía aclaró el 11 de diciembre es una fecha tentativa y que la misma puede ser cambiada por el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El magistrado juez de Garantías enumeró cada uno de los cuatro delitos que le imputó la fiscalía a Martinelli: interceptación de las telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento y vigilancia sin autorización judicial; pecualdo por sustracción, y peculado de uso.
Mejía volvió explayarse en su argumentación de por qué la Corte Suprema es la llamada a juzgar al expresidente, una competencia que la defensa ha atacado con varios recursos, uno de ellos pendiente de resolución por parte del pleno de nueve magistrados.
El juez insistió en que la competencia del Supremo quedó fijada con la acusación presentada por la Fiscalía contra Martinelli en octubre de 2015, cuando era indiscutiblemente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La ley panameña establece que los diputados solo pueden ser procesado por el Supremo, pero la defensa dice que el caso debe pasar a la Justicia ordinaria porque Martinelli renunció a ese cargo en junio pasado, poco después de llegar a Panamá extraditado por Estados Unidos.
Al leer el auto de juicio, Mejías citó que Martinelli lideró un “aparato de poder que actuaba al margen del Estado social y democrático”, que tenía como objetivo interceptar todo tipo de comunicaciones a decenas de opositores entre 2012 y 2014.
Estas interceptaciones, apuntó, “implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos de los ciudadanos panameños”, y para ejecutarlas “se utilizaron equipos, personal y recursos del Consejo de Seguridad Nacional provenientes de dinero del Estado”.
“Ricardo Alberto Martinelli usó los equipos para cometer los delitos de los que se le acusa y procuró asegurarse que los delitos cometidos no fueran descubiertos. Para ello, luego de las elecciones presidenciales de 2014, ordeno desmantelar el área donde se realizaban las interceptaciones”, agregó Mejía.
Martinelli, de 66 años y quien asegura ser inocente y víctima de una “persecución política”, será el primer expresidente panameño de la etapa democrática que enfrentará un juicio por un caso de espionaje político.
Está detenido en la cárcel El Renacer, a las afueras de la capital panameña, desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado a Panamá por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.