Los escándalos de corrupción influyen en la forma como es percibida la política. “La ciudadanía suele asociar la política a la corrupción y el enriquecimiento personal”, comenta la firma de consultoría internacional, Edelman, Incluso, agrega en uno de sus informes anuales: “cuando se destina dinero al ámbito político de manera legal, la influencia desproporcionada de los grandes donantes, sobre la toma de decisiones públicas, agrava la ya erosionada percepción de la política”.
Cuando los escándalos políticos abruman a la ciudadanía, se olvida o se resta importancia al hecho de que el dinero es un recurso importante para: comunicarse con el electorado; llevar a cabo adecuadamente las campañas electorales; fortalecer las organizaciones políticas y apoyar investigaciones en materia de políticas públicas. La presencia de grandes cantidades de dinero en la política constituye un riesgo para todos los políticos. Es una de las amenazas más graves para la resiliencia de las instituciones representativas, especialmente para los partidos.
Idea Internacional afirma, que existen tres retos interconectados: “la desigualdad en el acceso al financiamiento, que socava la igualdad de oportunidades en la competencia política; el financiamiento político, que con frecuencia se emplea como vía para la corrupción y la captura de las políticas públicas; y el dinero en la política, que socava la confianza de la ciudadanía en la política y los políticos, así como su legitimidad”. En uno de sus informes, Idea sostiene que el gasto medio nacional de los candidatos parlamentarios en las elecciones de 2014, en la India, superó 50 veces el producto interno bruto per cápita de ese país.
El tema del financiamiento es particularmente grave para los grupos de mujeres, de jóvenes y de minorías, que suelen pertenecer a un menor número de redes de recaudación de fondos. Los estudios llevados a cabo en Colombia, Kenya y Túnez han confirmado esa tendencia. En los casos donde los candidatos debían financiar su campaña, las mujeres tuvieron menor acceso a las redes de apoyo. Recibieron menos apoyo económico de su partido, y en consecuencia, tuvieron menos recursos económicos para invertir.
Tanto en las democracias sólidas como en las frágiles se debate si debe regularse el financiamiento político, y cuál es la mejor forma de hacerlo. Algunos países justifican la reducción de las normas de patrocinio político con el argumento de que estas socavan derechos fundamentales, tales como, la libertad de expresión y el derecho a la participación política. Este enfoque conduce, en última instancia, a la flexibilización de las normas relativas a las subvenciones políticas. Otros abogan por un aumento de la regulación y por limitar estos aportes, lo cual incluye: imponer un límite al gasto de los partidos políticos, aplicar medidas de transparencia y proporcionar aportes públicos a los partidos y candidatos.
Actualmente, ciento veinte países proporcionan financiamiento público directo a los partidos políticos, ya sea para las campañas o de manera regular. En todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), excepto Suiza, los partidos políticos reciben aporte público directo. También existen otros sistemas, como en Alemania, donde los fondos estatales se desembolsan en función de la capacidad de los partidos para atraer pequeñas donaciones privadas.
Desde mi perspectiva, una futura reforma constitucional debiera facultar al órgano electoral para que restablezca el mecanismo de aportes públicos a las organizaciones y candidatos políticos. Esto contribuiría, de forma directa, a reducir la, cada vez más presente, posibilidad de que el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, penetren las estructuras del poder público a través del financiamiento de campañas electorales o del sostenimiento de estructuras partidistas.
*Coordinador Nacional del Movimiento Político GENTE