Sinergia y organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH la situación de los derechos políticos y detenciones arbitrarias en Venezuela. La red de organizaciones de la sociedad civil Sinergia presentó informe “Los derechos de asociación y participación en un contexto de adversidad”.
La presidenta de la Red Sinergia, Deborah Van Berkel, denunció en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los derechos políticos y detenciones arbitrarias en Venezuela; específicamente mencionó, los abusos cometidos contra el líder sindical Rubén González, secretario general del sindicato de trabajadores de Ferromineras.
La delegada de esta organización destacó que el líder sindical “fue presentado ante un tribunal militar en el estado Monagas y ordenada su reclusión en un centro penitenciario conocido como La Pica” enfatizando al respecto que, en este procedimiento, se violaron los derechos a la libertad de expresión, a la libertad sindical, el derecho al trabajo y a la defensa de los trabajadores. Con este caso se evidencia la continua utilización de la justicia militar para procesar a civiles, lo que se suma a las crecientes violaciones de los derechos de activistas sociales, sindicalistas y defensores que ven impedido su trabajo constantemente por el Estado venezolano.
El informe de Sinergia “Los derechos de asociación y participación en un contexto de adversidad” fue presentado ante la CIDH con el objetivo de denunciar la grave restricción a la acción de asistencia e incidencia de las organizaciones en el país. Junto a Acceso a la Justicia, Provea, Foro Penal, Sin Mordaza, Transparencia Venezuela, Cepaz, Defiende Venezuela e IPYS, destacó ante el organismo internacional la necesidad de que el Estado responda ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
En la audiencia del 170° período de sesiones de la CIDH efectuada el 5 de diciembre, los representantes también expusieron casos de detenciones arbitrarias y tortura, migración forzada, el carnet de la patria como un mecanismo de control social, la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) como método de vigilancia y delación vecinal y la situación de vulneración masiva de derechos humanos fundamentales como salud, alimentación, integridad física y psicológica de la ciudadanía.
“Venezuela está sumida en un estado de Emergencia Humanitaria Compleja descrita como una tragedia de grandes proporciones y producida de manera deliberada por quienes ejercen el poder”, subrayó Van Berkel durante su participación.
Sinergia, a través de su informe señaló la necesidad del cumplimiento por parte del Estado de las siguientes recomendaciones:
- Restablecer el marco normativo venezolano bajo estándares democráticos.
- Propiciar y garantizar los espacios que permitan al ciudadano y a las organizaciones expresar su opinión y denunciar.
- Las autoridades deben impedir y sancionar el uso de la descalificación, el hostigamiento y la represión de la disidencia política.
- Debe verificarse la garantía del sufragio universal, secreto y directo con elecciones libres, justas y confiables que propicien el restablecimiento de la democracia y el ejercicio de los derechos humanos.
- La sociedad civil tiene el derecho a agotar todos los medios legales y materiales para denunciar y exigir vulneración a los derechos fundamentales.
Nota de prensa.