Las últimas peticiones de extradición de Venezuela, relacionadas con venezolanos investigados por corrupción asentados en España, han dividido a los jueces españoles y puesto sobre la mesa el debate sobre su entrega a un país donde, según ONG y organismos internacionales, se violan los derechos humanos.
La Audiencia Nacional ha celebrado en las últimas semanas tres vistas de extradición de ciudadanos venezolanos que guardan cierta relación con el régimen de Hugo Chávez, pero no ha seguido un criterio unánime.
Tres diferentes tribunales se han pronunciado de manera distinta y mientras dos han decidido dar luz verde a la extradición del matrimonio formado por la que fuera enfermera de Chávez y el jefe de seguridad de fallecido presidente, una tercera sección ha optado por negar la entrega de un venezolano relacionado con el expolio de la petrolera venezolana PDVSA.
Las tres decisiones están recurridas ante el pleno de la Sala de lo Penal, en el caso del matrimonio por sus defensas y en el del excontable de PDVSA por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que sí ha mantenido un criterio unánime de mostrarse a favor de las entregas.
“Que el pleno unifique criterios”, opinan fuentes de esta Fiscalía consultadas por Efe, y defienden que hay un tratado bilateral de extradición en vigor que puede ser denunciado por el Gobierno español en caso de que Venezuela no de garantías de cumplimiento de los derechos humanos.
Para estas fuentes, las acusaciones de Venezuela contra José Ramón Sánchez Rodríguez, el excontable de PDVSA cuya extradición ha rechazado la Audiencia, son “contundentes” y además cree que no se ha acreditado su conexión con detenidos en Venezuela que denuncian violaciones de sus derechos.
En cambio, la Audiencia sí ha considerado que podría sufrir maltrato si es entregado, como ocurre con dos arrestados de PDVSA, Diego Salazar y Enrique Luongo, que llevan un año en los calabozos del servicio de inteligencia venezolano (Sebin) prácticamente sin ver la luz solar y sin pasar a disposición de un juez.
No lo considera así para la enfermera y el guardaespaldas de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, acusados de haber sustraído dinero público a raíz de las cuentas vinculadas a ellos que aparecieron en los “papeles de Panamá”.
En este caso, la Audiencia Nacional entiende que no son opositores del régimen de Nicolás Maduro porque es “continuista” del de Chávez, y que por ello no sufrirán represalias. Ellos, en cambio, temen por su vida.
Amnistía Internacional lo tiene claro y, en su opinión, estos ciudadanos no deberían ser entregados: “La extradición de estas personas, que si bien deben ser investigadas si han cometido delitos, podría ponerles en riesgo de ser víctimas de violaciones a derechos humanos”, afirma a Efe Valentina Ballesta, investigadora de esta ONG para Venezuela.
Ballesta relata cómo la organización ha documentado “violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo en Venezuela, así como el uso regular y frecuente de detenciones arbitrarias y de tortura”, por lo que insiste en que “podrían ser sometidas a graves abusos si se les extradita”.
Reitera que si han cometido delitos no deben quedar impunes y en este sentido cabría la posibilidad de que, si no son entregadas, se les investigara y juzgara en España, siempre a petición de Venezuela.
La abogada venezolana Tamara Sujú, directora del Instituto CASLA, una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa, afirma, en la misma línea, que “enviar a quien sea a Venezuela para ser supuestamente ‘juzgado”‘por un poder judicial coaptado es ilógico”.
“En Venezuela no hay orden jurídico, no hay justicia imparcial que diga si son culpables o no, todo dependerá de lo que al régimen le interese de ellos”, afirma a Efe Sujú, a quien recientemente España concedió la nacionalidad española y acaba de publicar un informe sobre torturas en Venezuela.
Mientras, sigue el goteo de venezolanos detenidos en España por causas de corrupción en su país. La Audiencia tiene que celebrar otras dos vistas de extradición de dos relacionados con PDVSA, uno de ellos el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos, que está siendo investigado en España por blanqueo y ha accedido a ser entregado a Estados Unidos, que también le investiga.
Estos ciudadanos parecen haber encontrado en España un lugar donde residir con dinero de procedencia a veces dudosa, como ya hicieron en Andorra, donde una jueza ha procesado a Villalobos y otros por mover más de 1.300 millones de euros en el Principado.
De hecho, Villalobos fue de nuevo detenido en España el pasado octubre junto a Luis Fernando Vuteff -yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma- porque se sospecha que blanquearon con la compra de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros en Marbella (Málaga) y Madrid.
La cuestión, que deberá resolver la Audiencia Nacional en sus recursos o sobre la que podría pronunciarse el Gobierno español, es si estas personas sospechosas de corrupción deberían, en todo caso, ser enviadas a un país sobre el que la propia Unión Europea mantiene un embargo de armas y sanciones por infringir derechos humanos. EFE