El juicio contra dos exdirectivos de la automotriz Ford, acusados de complicidad en la persecución de delegados sindicales de la empresa durante la dictadura argentina (1976-1983), se cierra este martes con la lectura del veredicto, reseña AFP.
Al cabo de un año de proceso oral y público , los acusados Héctor Sibilla, exjefe de seguridad de Ford, y Pedro Muller, exgerente de manufactura, podrán decir unas palabras antes de conocer la sentencia.
La querella ha solicitado castigarlos con 25 años de cárcel, la pena máxima prevista para los delitos de privación ilegal de libertad y tormentos.
“Esperamos que haya un veredicto de responsabilidad, para que quede zanjado que hubo complicidad empresarial con la dictadura. Es muy importante para la historia de Argentina”, dijo a la AFP Tomás Ojea, abogado de la víctimas.
Es la primera vez que se juzga en Argentina a exdirectivos de una multinacional por delitos vinculados con la dictadura.
“Los obstáculos para enjuiciar a empresarios cómplices de abusos a los derechos humanos son enormes en Argentina y en el mundo en general. De allí la importancia de este proceso. Por suerte hemos llegado a la finalización este año”, declaró Ojea.
En el proceso también figura como acusado el exgeneral Santiago Riveros, quien dirigió el centro de detención clandestino Campo de Mayo y ha sido condenado ya anteriormente por crímenes de lesa humanidad en otros juicios sobre la dictadura.
A lo largo de este año, solo Muller acudió en la etapa de los alegatos, pero sin pronunciar palabra. Los abogados de la defensa declinaron hacer declaraciones a la AFP.
– Lugar de detenciones, centro de torturas –
En 1976, cuando se produjo el golpe de Estado que desalojó de la presidencia a María Estela Martínez de Perón, trabajaban en la planta de Ford unos 5.000 obreros y 2.500 empleados administrativos.
En total, había cien delegados gremiales, de los cuales 24 fueron tomados cautivos, muchas veces en sus mismos puestos de trabajo y con listas elaboradas por la empresa, en represalia por su activismo sindical, según la acusación.
Además, varios fueron torturados en la propia planta, ubicada en la localidad General Pacheco, en la periferia norte de Buenos Aires, antes de ser trasladados a centros clandestinos de detención, según los testimonios de las víctimas.
Aunque todos sobrevivieron a la dictadura, al cabo de más de 40 años solo siguen vivos 13 de esos delegados.
El exgerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga llegó a estar procesado, pero falleció en 2016 sin que hubiese comenzado el juicio. Nicolás Courad, expresidente de Ford en Argentina, murió en 1989, mucho antes de que se iniciase cualquier diligencia judicial.
– Obstáculos –
Este juicio penal se limita a determinar la responsabilidad de los tres acusados y no involucra a la empresa.
“Hay ciertos obstáculos legales para hacer juicios civiles, que tienen que ver con la prescripción. Si hubiésemos traído a la empresa Ford, nuestra apreciación es que el juicio no habría avanzado como avanzó”, explicó Ojea, quien no descarta intentarlo después de que se conozca el veredicto de la justicia penal.
Casos similares han sido denunciados en otras compañías, como Mercedes Benz, Renault y Fiat, pero hasta ahora solo el juicio contra los exejecutivos de Ford ha podido llevarse a cabo.
Argentina ha sido el país con más avances en el enjuiciamiento a las violaciones de derechos humanos durante las dictaduras de los años 1970 y 1980 en América Latina.
Ha habido condenas a centenas de militares y varios de los integrantes de las sucesivas juntas militares han muerto en prisión. Durante la dictadura hubo 30.000 personas desaparecidas, según organizaciones de defensa de los derechos humanos.