La corrupción y el control estatal de las importaciones ahonda la severa crisis alimentaria de Venezuela, según un informe divulgado hoy por el capítulo Venezuela de la ONG Transparencia Internacional, que pone el foco en la compra de alimentos desde México para el programa de ayudas CLAP.
“El férreo control de las importaciones por parte de órganos del Gobierno de Venezuela, sin supervisión independiente y profesional, en particular de los alimentos, no ha servido para cumplir con los estándares básicos de suficiencia, precios, cobertura y calidad”, señala la ONG en un extenso texto.
El informe, levantado tras 5 meses de rastreo y análisis de documentos oficiales entregados por el Gobierno mexicano, halló compra de alimentos con sobrecostos en algunos casos, mientras que en otros había pagos casi simbólicos, lo que abrió en la ONG cuestionamientos sobre la calidad de los mismos.
“Para el caso de la pasta y la leche en polvo, las alarmantes cifras alcanzan 58 % y 65 % de sobreprecio, respectivamente. Pudiera ser más lo que se pierde en corrupción que lo que se invierte en asegurar la alimentación de los venezolanos”, asegura el informe.
También sorprende a Transparencia Internacional la importación de los productos desde México, “un país que no era de los principales socios comerciales de Venezuela y cuyo Gobierno mantenía un discurso opuesto” al del presidente Nicolás Maduro.
El Gobierno mexicano informó el pasado octubre que desarticuló una red de especuladores que compraba alimentos de baja calidad y los revendía con sobrecostos a Venezuela.
El Parlamento venezolano, que controla la oposición, aseguró entonces que colaboró con esta investigación y estimó la pérdida patrimonial en unos 5.000 millones de dólares desde 2016, cuando el Gobierno de Maduro arrancó el plan de entrega de alimentos subsidiados.
Las cajas del programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) contienen latas de atún, aceite vegetal, arroz, azúcar, harina de maíz, un producto lácteo en polvo, espagueti, fríjoles, salsa de tomate y mayonesa, y el Gobierno venezolano asegura que benefician a 6 millones de personas y se reparten cada 15 días.
Pero Transparencia Internacional aseguró en su informe de hoy que algunos de estos alimentos son “poco confiables” y “destruyen” la salud de quienes se ven obligados a consumirlos, una denuncia en la que han insistido opositores y medios locales.
“Es urgente reconstruir prácticas decentes para que cese el hambre en el país e instaurar las mínimas condiciones de comercio exterior e importaciones capaces de atender de forma eficiente los requerimientos nutricionales, especialmente de los grupos más vulnerables de la población”, se extrae del documento.
En noviembre, la ONG divulgó otro informe sobre 42 empresas estatales de alimentos y aseveró entonces que la corrupción y el pobre desempeño de estas compañías había agravado la crisis.
Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una grave crisis económica que se traduce en escasez generalizada, hiperinflación y fallos en la prestación de los servicios públicos.
EFE