La Fiscalía colombiana afirmó hoy que tiene pruebas de las actividades ilegales en el país de Carlos Manuel Pino García, un diplomático venezolano expulsado ayer, e investiga si hacía “seguimientos” a compatriotas suyos, entre ellos la exfiscal Luisa Ortega.
“Había actividades que los fiscales tendrán que establecer si constituían seguimientos legales o ilegales a ciudadanos venezolanos extranjeros, como en el caso de la fiscal venezolana Luisa Ortega, específicamente”, afirmó a periodistas el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez.
Pino García, que no gozaba de inmunidad diplomática ya que no estaba acreditado ante el Gobierno colombiano, fue detenido el miércoles en Bogotá y llevado ayer a la ciudad fronteriza de Cúcuta donde fue expulsado porque las autoridades consideraron que representa “una amenaza para la seguridad y la soberanía del país”.
En ese sentido, Martínez aseguró que la Fiscalía abrió hace ocho meses una investigación contra Pino García, en la que tienen pruebas “que incluyen interceptaciones telefónicas legalizadas ante los jueces de garantías de Colombia y esas investigaciones acreditan su compromiso en actividades delicadas de afectación del orden público nacional”.
“Esas pruebas que se han recaudado a lo largo de estos meses están siendo valoradas por los fiscales de conocimiento para los efectos de establecer habrán de judicializarse en Colombia”, agregó.
La esposa de Pino García, Gloria Flórez Schneider, que fue secretaria de Gobierno de Bogotá entre 2014 y 2015, denunció que fue intimidada por las autoridades colombianas al pedir información sobre el traslado de su marido.
Ayer, el Gobierno venezolano expulsó a Juan Carlos Pérez Villamizar, quien, según la Cancillería colombiana, es el cónsul general del país en Caracas, porque supuestamente no contaba con las credenciales necesarias y como respuesta a la expulsión de Pino García.
Horas después, al expulsar al diplomático colombiano, el Gobierno venezolano invocó el principio de reciprocidad y argumentó que Pérez Villamizar estaba “ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana”, según una nota oficial. EFE