Las protestas que comenzaron unas enfermeras venezolanas el 25 de junio no se han detenido, por el contrario, han mutado y se mantienen hoy cuando todo el personal sanitario recrimina al Gobierno las consecuencias que la crisis económica ha traído a sus vidas y en los centros de salud pública.
“Hemos perdido el miedo y vamos a seguir denunciando las irregularidades”, dijo hoy a periodistas la presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, al término de una asamblea que tuvo lugar en un hospital capitalino y sirvió para hacer nuevas denuncias.
La dirigente social aseguró que las autoridades de este centro sanitario actúan contra tres enfermeras que denunciaron la existencia de medicamentos ocultos, que eran negados a los pacientes que los necesitaban.
Las tres enfermeras acudieron hoy a una delegación policial donde fueron “reseñadas como unas delincuentes” lo que muestra, según Contreras, “una retaliación (venganza) por parte de las autoridades del hospital”.
“Damos fe de su probidad”, dijo e instó a los investigadores a apuntar hacia otras direcciones en sus averiguaciones pues, arguyó, “si existen mafias que están sustrayendo medicamentos” deben ser desmanteladas.
Sin embargo, la portavoz considera que en este caso se trata de una persecución a la disidencia, una práctica sistemática que ya ha cobrado la destitución de personal en varios hospitales y el procesamiento judicial de varios más en el interior del país caribeño.
“Pareciera que al gremio de enfermería le están cobrando el haber hecho visible la grave crisis que está afectando al sector salud, producto de que no hay insumos (materiales)”, dijo.
Más temprano, durante una entrevista con el canal privado Globovisión, aseguró que el estatal Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) está despidiendo a personal sanitario pese a tener un déficit de 3.000 enfermeras en todo el país.
Contreras indicó que al menos 6.000 enfermeras se han ido del país debido a la crisis económica que se traduce en hiperinflación, escasez generalizada, devaluación de la moneda y fallas en todos los servicios públicos.
“El Gobierno está sancionando, está pretendiendo sancionar la voz disidente de los trabajadores venezolanos que le estamos diciendo que no está cumpliendo su rol de patrono”, prosiguió la dirigente sindical al asegurar que otros 1.200 funcionarios públicos han sido despedidos desde que iniciaron las manifestaciones.
La enfermera criticó que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, haya entregado juguetes a los niños internados en un hospital pediátrico de Caracas pues, subrayó, estos pacientes necesitan antibióticos y una atención médica que no están recibiendo.
Agregó que su gremio seguirá protestando y liderando el conflicto laboral de más larga duración en el país.
Los hospitales públicos de Venezuela viven desde hace años una difícil situación que se ha agudizado en el último año en medio de la profundización de la crisis económica, pues algunos presentan estructuras colapsadas, fallos de agua, luz, equipos y la falta de medicinas y materiales médicos.
Desde que comenzaron las manifestaciones, buena parte del personal sanitario se declaró en paro técnico pues, reprochan, devengan un salario mensual que no supera los 15 dólares.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, aprobó a finales de julio inversiones por el orden de 344 millones de dólares para mejorar las condiciones de los casi 300 hospitales públicos del país.
En esa oportunidad, el presidente explicó que este dinero se usaría para importar medicamentos de consumo masivo, generalmente escasos en Venezuela, así como para optimizar la atención a pacientes oncológicos, trasplantados, con enfermedades renales o crónicas y de personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Hasta ahora las fallas persisten y las condiciones de vida de los trabajadores de la salud empeoran cada día en medio de la acuciante crisis.
EFE