La líder opositora peruana Keiko Fujimori seguirá en prisión preventiva por 36 meses mientras es investigada por el delito de lavado de activos después de que un tribunal de segunda instancia rechazara hoy el recurso de apelación que presentó a finales del año pasado.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones resolvió de forma unánime declarar infundado el recurso planteado por Fujimori contra la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien el pasado 31 de octubre decretó el ingreso en prisión de la hija del expresidente Alberto Fujimori para evitar riesgos procesales en las investigaciones que se siguen en su contra.
Según el juez, existen indicios de que Fujimori lideró presuntamente una organización criminal enquistada dentro de su partido Fuerza Popular para captar dinero ilícito y así llegar al poder, para después retribuir los favores con actos de corrupción.
La empresa brasileña Odebrecht afirma haber desembolsado de forma irregular un millón de dólares para financiar las campañas políticas de Fujimori y su partido.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones, formada por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe reconoció en su resolución que la decisión de mantener a Fujimori en prisión se justifica particularmente por el peligro de “obstaculización de la actividad probatoria” que podría haber si es liberada.
Según el tribunal, los intentos de Fujimori por ocultar los supuestos actos ilícitos y tratar de manipular a los testigos de los mismos “tienen evidencia corroborativa en alto grado de probabilidad” y por tanto “configuran un nivel de obstrucción concreto y no especulativo”.
Además, también reconoció que existen “fundados y graves elementos de convicción” para considerar que es presuntamente culpable de cometer el delito de lavado de activos, por lo que se cumplirían los supuestos legales necesarios para dictar una prisión provisional.
La audiencia de esta apelación se realizó el pasado 15 de diciembre, y en ella la defensa de Fujimori encabezada por la abogada Giuliana Loza cuestionó la decisión del juez Concepción y afirmó que éste estaba influido “por juicios mediáticos sin mediar un justo proceso”.
Además, apuntó que la decisión carece de fundamento porque “no hay elementos que indiquen que Keiko Fujimori podía tener conocimiento de la ilicitud de la fuente (dinero)” que supuestamente habría blanqueado.
Fujimori intervino también en la audiencia y consideró la medida en su contra como “injusta, desproporcional y arbitraria”, al tiempo que reafirmó su postura de que no huiría del país ni obstaculizaría las investigaciones.
La Fiscalía, por su parte, defendió la decisión porque ésta cumplía todos los estándares constitucionales y remarcó particularmente las acciones del partido Fuerza Popular, dirigido por Fujimori, para entorpecer la labor del Ministerio Público.
Desde la fecha de la audiencia, han sido reiteradas las quejas y comunicados públicos de Fujimori sobre la lentitud de la resolución judicial y sobre su inocencia.
EFE