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Vivimos una crisis sin precedentes en Venezuela. Tenemos un gobierno que ha desmantelado el estado y ha secuestrado a todas las instituciones para manipularlas a voluntad.
Han atacado los cimientos de un sistema democrático que se ha negado a morir por completo, y hoy nos queda un usurpador que ocupa la presidencia. Decimos “usurpador” porque Nicolás Maduro ya terminó su período constitucional, un término nunca reconocido por los venezolanos porque no tuvimos una elección. Lo que ocurrió el 20 de mayo pasado fue una farsa que nuestro pueblo y el mundo rechazaron. Ahora Maduro es un gobernante de facto.
Pero Venezuela no es una típica dictadura. El régimen puede tener vínculos con el narcotráfico y grupos guerrilleros, pero también tenemos un parlamento en funcionamiento, elegido democráticamente, la Asamblea Nacional. A pesar de los ataques a nuestra legitimidad por parte del Tribunal Supremo controlado por Maduro y su Asamblea Constituyente leal, la Asamblea Nacional continúa haciendo su trabajo y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y de la mayoría de los venezolanos.
Desde 2007, nos hemos movilizado, entonces como estudiantes universitarios, para convertirnos en firmes defensores de nuestra Constitución, la cual ha sido violada y no respetada por el régimen en medio de varios intentos por modificarla. Esta Constitución tiene tres artículos fundamentales que nos permitirán resolver la crisis política actual y restaurar el orden democrático:
El primero es el Artículo 233, que establece que en ausencia absoluta del presidente de la república, que es la situación actual, ya que no hay un presidente legítimamente elegido, el presidente de la Asamblea Nacional debe ocupar el cargo y convocar a elecciones presidenciales. Este sería un procedimiento simple en un país democrático, ya que está claramente en la Constitución, pero en Venezuela no lo es.
El segundo es el artículo 333, que insta a todos los ciudadanos a restaurar y hacer cumplir la Constitución si ésta no se cumple. Maduro se ha colocado por encima de la Constitución, pero solo el pueblo venezolano puede estar por encima de ella. Todos los representantes en cargos públicos, así como las fuerzas armadas, tienen el deber de restablecer el orden constitucional, un deber compartido por todos los venezolanos.
En tercer lugar, el artículo 350, que insta al pueblo venezolano a rechazar cualquier régimen que viole los valores democráticos y los derechos humanos. Estamos invocando este artículo para pedir a los venezolanos que rechacen, junto con la comunidad internacional, la usurpación de la presidencia por parte de Maduro
Como presidente de la Asamblea Nacional, estoy plenamente capacitado y dispuesto a asumir el cargo de presidente de manera provisional para convocar a elecciones libres y justas. Con una Asamblea Nacional unida, junto con los militares, el pueblo e incluso aquellos que aún apoyan este régimen, podemos materializar el mandato que nos confiere la Constitución, como dice nuestro himno nacional: “Compatriotas fieles, la fuerza es la unión”.
Por supuesto, no podemos ignorar a un aliado clave: la comunidad internacional, que ha denunciado la dictadura, sus violaciones de derechos humanos y la miseria que ha creado. La falta de legitimidad de Maduro entre los líderes mundiales, las sanciones internacionales y el reconocimiento de la Asamblea Nacional como el único representante legítimo del estado son cruciales en este momento.
Nuestra hoja de ruta es clara: detener la usurpación con unidad nacional y mediante la presión externa e interna; formar un gobierno de transición para abrir canales de asistencia humanitaria; restaurar el imperio de la ley y la separación de poderes; y convoca a elecciones libres para que todos los venezolanos puedan decidir su futuro.
Queremos enviar un mensaje a los militares, un actor clave en este proceso: la cadena de mando se ha roto y no hay comandante en jefe; es hora de colocarse del lado correcto de la historia. Venezuela y el mundo se lo agradecerán; el éxito dependerá de que cada uno de nosotros haga nuestra parte en esta difícil hora para el país.
Llamamos a la acción, sin dudas ni luchas internas. Seamos fieles herederos de la libertad que está inscrita en nuestra sangre.
Este artículo fue originalmente publicado en el Washington Post en la sección opinión el 15 de enero de 2019