Enero recobró sentido simbólico. El 23, las calles de Venezuela se hicieron Cabildo en respaldo a Guaidó y a la ruta acordada por la AN: cese a la usurpación, gobierno provisional y elecciones libres.
Comienzo del fin de una autocracia e inicio de un ciclo democrático que debe ir más allá de la restauración del populismo, cuyo agotamiento y carencias le abrió las puertas a un modelo económico y un sistema institucional trasplantados del comunismo a lo Fidel.
Los diez días que estremecieron al país no son intento de reponer una guarimba ni por Guaidó ni por una ciudadanía, cuya manera acelerada de salir del reflujo, revela que opta claramente por la movilización pacífica. Ni Voluntad Popular, ni los partidos que conforman el abanico de fuerzas democráticas, deben ser mirados por el retrovisor. Encaran un complicado cambio de situación que reclama consensos, unidad y facilitar el examen crítico de sus pasos. Cero mesianismo.
El centro principal de decisión y conducción del proceso es la Asamblea Nacional. Las decisiones importantes del Presidente (e) de la República, Juan Guaidó, deben ser conocidas por la Directiva de la AN y avaladas por el poder legislativo, según sea el caso.
El Presidente (e) en cumplimiento del artículo 333 de la Constitución Nacional y de la ley de Amnistía está facultado para adoptar medidas que logren un entendimiento con el expresidente Maduro, reconociendo a sus funcionarios y a los integrantes de la Fuerza Armada garantías de participación en una solución política transitoria y a futuro, sus derechos constitucionales. El propósito de aniquilación del adversario y la negación de alternativas a opositores y disidentes no debe tener cabida en un nuevo modo de gobernar.
Si efectivamente queremos una solución entre venezolanos, el expresidente Maduro debe reconsiderar su intención de perpetuar su mando en forma ilegítima y de facto. El PSUV, sus gobernadores y Alcaldes deben dar su aporte a una salida pacifica, constitucional, democrática y electoral al conflicto entre la sociedad venezolana y un grupo de privilegiados que no puede atrincherarse en el poder sin pueblo y sin ley.
Crear un gobierno provisional con participación de todos los actores políticos y llegar a un entendimiento sobre nuevas elecciones libres y transparentes, alejan el escenario bélico que Maduro parece estimular. Una invasión militar es indeseable, pero nadie puede seguir imponiéndole a la Fuerza Armada el papel de sostener un poder contra los fines de Estado.
El golpe en ejecución es el del hambre. El General en Jefe Padrino no puede pedirle a un pueblo desarmado que renuncie a su derecho a la democracia. Un derecho qué él y nuestra Fuerza Armada deben ser los primeros en asegurar, sin enfrentamientos, violencia ni represión.
Promover una transición sin rendición implica crear en todos los niveles Juntas de Transición con participación de ciudadanos, a título personal y no de organizaciones predeterminadas, abiertas a opositores y chavistas.
Transitar hacia prontas elecciones, acordar la recomposición de las capacidades productivas, rescatar la educación y la salud, acometer el plan para frenar la inflación y establecer una democracia sin monopolio de las decisiones no es un proceso liso. Exige nueva ciudanía, renovación de los partidos, élites innovadoras y una sociedad más segura y más justa.
@garciasim