“En concordancia con la irrestricta defensa que estamos obligados a realizar de los Derechos Humanos y de las libertades políticas y civiles consagradas en la Constitución Nacional, la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) asume responsablemente la necesidad de pronunciarse en torno al proyecto de Ley de Amnistía y Garantías que será discutida próximamente en la Asamblea Nacional, para aclarar que, en nuestra opinión, si bien es necesario, indispensable, algún instrumento legal que contribuya al restablecimiento de la paz social, la democracia y la concordia nacional, este proyecto, tal como ha sido presentado, muestra una amplitud riesgosa que pudiese conducir al establecimiento de límites directos o indirectos a la aplicación de medidas judiciales internas o externas en contra de quienes cometieron o siguen cometiendo violaciones a los Derechos Humanos y daño sostenido al patrimonio nacional, al exculparlos desde el país donde estos delitos fueron cometidos”, señaló hoy el presidente de la APUSB, profesor William Anseume, acompañado de otros miembros de la Junta Directiva de esta Asociación, como los profesores Omar Pérez Avendaño, José Alberto Olivar y Jorge Orellano, además del delegado laboral profesor Raúl Pulido.
Al respecto, agregó Anseume: “Por otra parte, consideramos que la aplicación cabal de la Constitución y las leyes garantizan sine qua non la protección de quienes, encontrándose actualmente detenidos, exiliados o perseguidos judicialmente por razones políticas al momento de la entrada en vigencia de este instrumento jurídico, sin haber cometido realmente ningún delito, serían incluso acusados de tal acción sin necesidad alguna, o sea, se les estaría dando de antemano cualidad de delincuentes a quienes realmente no lo son. De tal tamaño es la confusión que puede desprenderse del contenido de este esbozo de ley. Realmente, una ley de este tipo es innecesariamente redundante. Para hacer justicia en Venezuela no hace falta ninguna ley de amnistía. Basta que se cumpla la Constitución Nacional”.
Por su parte, el Secretario General de la APUSB, profesor Luis Buttó, indicó: “Por razones vinculadas con la necesidad de actuar con base en principios irrenunciables, de respeto a la sacrosanta condición de la persona humana y de rescate del ordenamiento jurídico, por lo cual hemos luchado con denuedo los venezolanos en los últimos años, resulta prudente, pese a ir a contracorriente de lo que parece dominar en la opinión pública nacional, advertir nuestra preocupación, como organización de la sociedad civil, en torno a la posibilidad de que este proyecto de ley, en caso de aprobarse, pueda servir de instrumento para proteger, amparar y/o escudar, ahora o a futuro, a quienes procedieron de manera repudiable e imperdonable contra sus congéneres en materia de represión y aplicación política de la justicia, y/o se aprovecharon indebidamente de los bienes nacionales, causando irreparables estragos a la vida de nuestros conciudadanos. Las consideraciones en torno a la conveniencia política coyuntural de esta ley, supuestamente dirigida a facilitar el proceso de transición que el país reclama a gritos, jamás pueden estar por encima de la defensa de los Derechos Humanos y el cuido de los bienes nacionales, así como de la sana, imparcial y proporcional justicia que debe aplicarse a todo aquel que se haya apartado de la ley en este sentido”.
Puntualizó Buttó: “En verdad, es improcedente e innecesario una ley especial para estimular a los venezolanos para que, sin distingo alguno, actúen en función de restituir la democracia y el orden constitucional perdidos en Venezuela en las dos últimas décadas. Ese compromiso, que comprende a todos los habitantes del país, ya está taxativamente establecido en la Constitución Nacional, la cual estamos luchando se respete sin condicionalidad alguna. En otras palabras, para avanzar en este camino, sólo hay que hacer valer nuestra Carta Magna. Es todo. Cualquiera ley pensada en una dirección parecida es indispensable, sí, pero para poner en libertad, de inmediato, a quienes precisamente se han esforzado durante estos años en la defensa de la Constitución y las leyes, en expresión material del malestar social innegable al respecto. Lo que es primordial hacer, por justicia, por humanidad, es liberar a quienes injustamente hayan sido apresados, procesados, exiliados o expulsados del país. Esos hermanos nunca cometieron delito alguno y, malamente, se les puede exculpar de una falta jamás ejecutada. Ampararlos en esta ley, contradictoriamente, significaría endilgarle delitos no cometidos. El asunto es también conceptual”. /Nota de Prensa