La empresa farmacéutica española SM PHARMA, cuya sede en Zulia (oeste de Venezuela) fue confiscada por el Gobierno de Nicolás Maduro, está operativa y produciendo medicamentos para el mercado nacional, informó este domingo a Efe una fuente del chavismo.
“La fábrica estaba paralizada y fue ocupada”, dijo la misma fuente que pidió el anonimato, a la vez que detalló que desde el segundo semestre de 2018, cuando comenzó el proceso de intervención, la empresa ha producido al menos 2 millones de fármacos que ya fueron distribuidos en el sistema público de salud.
“Al empresario, el Gobierno le entregó 140 millones de dólares y desvió el dinero en mansiones e inversiones en el exterior”, dijo esa fuente gubernamental.
El gobernador de Zulia, el oficialista Omar Prieto, ya señaló el pasado miércoles que los propietarios de SM PHARMA recibieron 140 millones de dólares a través del mecanismo estatal de asignación de divisas, que controla el flujo de las monedas extranjeras en el país caribeño.
“Ha recibido durante muchos años recursos del Estado”, aseguró Prieto que acusó a los dueños de haber mermado la producción de medicinas con el objetivo de declarar la empresa en quiebra, como parte del “golpe económico” que, en su opinión, intentan dar los empresarios al presidente Maduro.
El gobernador denunció también que SM PHARMA tenía medicamentos para atender un brote de dengue que se produjo el año pasado en Zulia “y los acaparó”.
Maduro visitó esta semana la fábrica intervenida y desde allí anunció que esa empresa había sido “recuperada por la revolución” y que Venezuela está produciendo “todas las medicinas que necesita”, pese a que gremios médicos ubican en 80 % la escasez de fármacos en todo el país.
Por su parte, el diputado Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano, rechazó la confiscación y la consideró un “nuevo atropello del usurpador contra la propiedad privada”, en alusión a Maduro, que no es reconocido como presidente legítimo por España y por otro medio centenar de países.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España pidió este sábado en un comunicado que se cumpla la legislación venezolana y cese la ocupación de la fábrica, fundada y dirigida por una familia de origen asturiano.
Además, asegura que la empresa ha demostrado su compromiso con Venezuela, ya que había ofrecido a las autoridades ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad.
Para las autoridades españolas, la confiscación de la empresa, iniciada por el Gobernador Prieto, se ha hecho sin cumplir los compromisos adquiridos con el Gobierno español, sin respetar las leyes de Venezuela y sin que existiese justificación que la fundamente, según el comunicado.
Asimismo consideran que esa intervención supone un “perjuicio directo para el sector de salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad”, además de señalar que es “una violación del Estado de derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país”. EFE