Todo comenzó en las redes sociales. Entre el 29 y 30 de enero, en cuentas de Twitter comenzaron a colgar videos sobre el supuesto reclutamiento de niños y adolescentes. Los presuntos responsables eran cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
Por Ronny Rodríguez Rosas | Especial para Ipys Venezuela
Un video señalaba que estaba ocurriendo en el sector La Isabelica de la ciudad de Valencia en el estado Carabobo y en Maracaibo, capital del Zulia. De Twitter saltó a Whatsapp y en menos de 24 horas el video rodaba en cadenas de mensajerías de texto. Ya no eran estas dos ciudades sino otras como Maturín, estado Monagas, o Ciudad Bolívar, en Bolívar.
Incluso un diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, retuiteó una de las cuentas sobre el supuesto reclutamiento y comenzó la dispersión, la angustia de padres y representantes, mientras que como pólvora, en las escuelas y liceos ya se decía que existían convoyes militares sacando a adolescentes de 14 años de las aulas.
Este rumor se produjo en el contexto de la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos que llevan los casos de detenciones arbitrarias y que después de las protestas que ocurrieron en Caracas y el resto de las ciudades del país, entre el 21 y 25 de enero, provocaron la detención de casi mil personas.
En una rueda de prensa el 28 de enero, las ONG Provea y el Foro Penal hicieron un balance sobre las detenciones que hubo antes y después de que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó asumió las competencias de la Presidencia de la República, acatando la decisión del Parlamento que el martes 15 de enero declaró a Nicolás Maduro como un usurpador del Poder Ejecutivo.
Durante el encuentro con los medios identificaron la detención de más de 80 niños y adolescentes, de los cuales 60 fueron privados de libertad y posteriormente excarcelados con medidas cautelares e incluso pidieron en algunos casos fiadores para liberarlos.
A partir de estas denuncias certificadas por estas ONG y validadas por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comenzaron a propagarse los rumores del reclutamiento de adolescentes.
Desde el gobierno nacional, según demostró Ipys Venezuela en 2018 con su especial Expedientes Falsos, en el que se destaca que desde el poder del Estado “se ha diseñado una política de criminalización y violaciones de derechos humanos a través de la fabricación de expedientes falsos y utilizando plataformas online u offline con el deliberado propósito de desinformar y estigmatizar a sectores disidentes en Venezuela”.
Tal es el caso de los señalamientos de funcionarios como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista de Gobierno, quien acusó a periodistas y en específico a la directora general y cofundadora del medio digital de noticias Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, de estar al frente y de crear esta campaña de informaciones falsas sobre el reclutamiento de niños y adolescentes.
Pero no fue él quien inició las acusaciones contra Reyes. Fue la tuitera identificada como el oficialismo, Carola Chávez, quien el 29 de enero señaló a la directora de Efecto Cocuyo de comenzar la campaña.
“Luz Melys Reyes, llevando la batuta de los niños presos, quiere hacer el papel que hizo Nariyah, y su mentira de los bebés asesinados, con la que justificaron la invasión y destrucción de Irak. Más de un millón de muertos tiene Nariyah encima”, escribió en su Twitter Chávez.
Este mensaje fue compartido por Cabello en su cuenta oficial de Twitter, con lo que secundó la matriz de opinión impulsada por Chávez y que replicada con insistencia y con diversos mensajes por el alcalde de la ciudad de Barcelona (estado Anzoátegui), el dirigente del Psuv y expresidente de Venezolana de Televisión, Luis José Marcano, el propio 29 de enero.
Para este funcionario Reyes “inventó” que el “gobierno secuestraba niños”, lo que tachó como una de las excusas que usaría Estados Unidos para “invadir Venezuela”, como viene denunciando el oficialismo que hará el país norteamericano en Venezuela si se permite el ingreso de la ayuda humanitaria.
Luz Mely Reyes, quien en el año 2015 fundó el medio digital de noticias Efecto Cocuyo, y quien además es miembro del Consejo Asesor del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela , relató a esta organización que la intención detrás de estas falsas acusaciones persiguen tres objetivos:
1. Intimidar a periodistas y medios de comunicación independientes en Venezuela desde un uso abusivo del poder.
2. Descalificar a periodistas para poner en duda su credibilidad que busca hacer mella en sectores del chavismo que se nutren de la información de medios independientes para que dejen de seguir sus contenidos críticos al Poder.
3.Acallar y silenciar a la prensa.
Aunque Marcano ha usado su Twitter con vehemencia en contra de Reyes, desde el 20 de enero y hasta el 7 de febrero también ha dedicado su tiempo para descalificar a otros 11 comunicadores: Carla Angola, Shirley Varnagay, Elyangélica González, Nitu Pérez Osuna, Jeanfreddy Gutiérrez, Isnardo Bravo, Luis Carlos Díaz, Alex Candal, Eugenio Martínez, Alberto Federico Ravell y Leopoldo Castillo.
En cambio, Diosdado Cabello enfiló contra la directora de Efecto Cocuyo el pasado miércoles 7 de febrero en su programa Con El Mazo Dando que transmite el canal del Estado, VTV.
En la tercera hora de su transmisión, Cabello dedicó al menos cinco minutos para acusar directamente a la periodista de la falsa información del reclutamiento de niños.
“Ustedes saben que ellos comenzaron la semana pasada con la campaña que nosotros estábamos secuestrando niños, reclutando niños, reclutando niños de 14 años para llevarlos, como se llama, para llevarlos al servicio militar, no sé qué cosa, la locura pues. Periodistas como esta que se llama Luz Mely, ¿Esta Luz Mely Reyes te dio clase a ti Hernán?, con razón tantas fallas, te dio clases a ti Luz Mely Reyes, no verdad, Dios te cuide…” comenzó su ataque Cabello contra Reyes.
La volvió a nombrar dos veces en ese lapso: “Ese tema de los niños hay que seguirle dando, porque ellos cayeron en contradicciones. Vamos a repetir parte de esas campañas que tenían sobre los niños, por eso es que la señora María La Loca (en referencia a la lideresa política María Corina Machado), llegó a extremos de decir que los acosaban sexualmente a los niños, tamaña irresponsabilidad…
Los que escribieron, ¿ustedes han visto a Luz Mely Reyes pidiendo disculpas en iniciar una campaña tan loca como esa?, noooo!!!! Esos perdieron los valores del periodismo, la ética, yo me imagino los alumnos de esa gente, qué pena y qué vergüenza… Quedan muy mal los alumnos de Luz Mely Reyes que utiliza la mentira y manipulación más burda que puede ver”.
Para la periodista una tesis que surge a partir de esta campaña de descalificación desde el Gobierno, en la que también participó el vicepresidente del Área Económica y ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami, es que ante la noticia verdadera del encarcelamiento de adolescentes por protestar, buscaron generar una especie de “contracampaña” para confundir a la ciudadanía con difusión de estos rumores y distraer a los venezolanos sobre la detención verdadera de adolescentes en el marco de las protestas del 21 al 25 de enero.
Reyes recordó además que el ejercicio del periodismo en Venezuela ha sido criminalizado para “controlar el flujo de información que se expresa en la censura directa contra programas de opinión e información, cierre de medios audiovisuales y radiofónicos, el uso de la justicia para silenciar a los periodistas, porque buscan con estos ataques que la información no fluya”.
“Las noticias falsas, las desinformación y la propaganda que los Estados, en nombre de proteger a la colectividad del fenómeno de las fake news, están emprendiendo acciones y leyes, lo que “agrava el riesgo de amenazas y violencia contra periodistas, mella la confianza y la creencia del público en el rol de vigilancia pública del periodismo y podría confundir difuminando los límites entre la desinformación y los productos de los medios de comunicación que contienen datos susceptibles de verificación independiente”, dijeron los relatores especiales de libertad de expresión de las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce), como lo refleja IPYS en su reporte Expedientes Falsos.
Los patrones en el caso de acusar a periodistas como Luz Mely Reyes, han sido una constante desde los funcionarios gubernamentales en los últimos años. La descalificación permanente, los mensajes agraviantes de los comunicadores,el uso de mentiras para acusarlos, se ha hecho sistemático y se amplifica desde cuentas de influencia en el sector oficial para minar la credibilidad del periodista.
Contra defensores de derechos humanos
Este comportamiento no solo afectó a periodistas, también se aplicó en contra de defensores de DDHH. El 21 de enero hasta el 7 de febrero, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), denunció ataques contra el presidente de la organización no gubernamental, Marco Antonio Ponce.
En específico dijeron que en el portal Misión Verdad, donde se publican contenidos y artículos de opinión que descalifican a dirigentes políticos de oposición, periodistas y quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro, el 25 de enero se publicó un video de Ponce en el que habla de las protestas que se registraron en sectores populares de Caracas.
Se trata de una entrevista que difundió el canal de suscripción por internet, Vivo Play TV, donde Ponce explica el contexto de las manifestaciones, la represión, el encarcelamiento e incluso las víctimas que dejaron estas expresiones sociales.
En Misión Verdad intentaron responsabilizar a las ONG venezolanas, en especial a las dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de estar detrás de las manifestaciones sociales de la ciudadanía que reclamó un cambio político y la situación económica que vive el país.
Pero esta no es la primera vez que Ponce es expuesto en redes sociales o descalificado por voceros gubernamentales. En el año 2016, el ahora presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lo calificó de “vendepatria” en uno de sus programa Con el Mazo Dando de junio de ese año.
Un mes antes el periódico oficialista Ciudad Caracas, en mayo de 2016, en el artículo “Revelan Mecenas Internacionales de ONG Criollas”, que mostraba la foto de Marco Antonio Ponce, junto a otros activistas de DDHH, a quienes acusaron de promover la violencia en el país.
Contenido falso
A los ataques contra los periodistas desde el 21 de enero, se suman también las campañas de generación de contenido falso que circulan desde el fin de semana sobre la ayuda humanitaria que se encuentra en Cúcuta (Colombia) para ayudar a la población venezolana vulnerable.
Este domingo 10 de febrero, una nota del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información difundió en su cuenta de Twitter y también en su página web la información titulada: “Alimentos enviados por EE.UU como “ayuda humanitaria” son nocivos para la salud (Investigación)
En el informe que también se reprodujo en el Twitter de Venezolana de Televisión y en la página de Facebook de Prensa Presidencial, hacia donde dirige el link del tuit del Ministerio de Comunicación, citan estudios internacionales sobre los alimentos de ayuda humanitaria.
Sin embargo, ninguno se refiere al caso de los ubicados en la población de Tienditas, en el centro de acopio del lado colombiano en la ciudad de Cúcuta.
Basados en suposiciones y “numerosos estudios internacionales” en el que citan al Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos y la opinión del instituto gubernamental de Higiene Rafael Rangel, Lesbia Muros, señalan el riesgo de recibir esa ayuda humanitaria.
Pero este lunes 11 de febrero, el exministro de Agricultura Urbana del gobierno de Maduro y designado como “protector del Táchira”, Freddy Bernal, usó el mismo argumento en una rueda de prensa desde la entidad andina.
Además señaló reportes de dos medios en el que supuestamente se afirmaba tal contenido. Citó al medio digital Efecto Cocuyo y al portal web del diario de Cúcuta La Opinión. En ambos casos se trató de información falsa que fue desmentida por ambos medios de comunicación.
Bernal se hizo eco de 14 intoxicados que consumieron alimentos de la ayuda humanitaria. Este contenido fue desmentido por el diario colombiano.
Lo mismo ocurrió con Efecto Cocuyo que desmintió la supuesta declaración del presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Rocca, sobre una alerta que habría lanzado contra esa ayuda. Una información verdadera que dio este vocero titulada “Presidente de la Cruz Roja Internacional: Ayuda humanitaria no puede ser politizada” fue manipulada para hacer ver que Rocca alertaba sobre el peligro de recibirla.
IPYS Venezuela rechaza la utilización de tácticas de desinformación y contenidos falsos para criminalizar a periodistas y defensores de DDHH, desde sectores gubernamentales. Esta organización exige a las autoridades públicas que “cumplan con su obligación de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente e incluyente, con diversidad de medios”.
La ONU y la OEA recuerdan que “la desinformación y la propaganda afectan intensamente a la democracia: erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad”.