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El presidente de la Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pírela denuncia a un grupo mafioso en los tribunales civiles de Caracas, conformado por Olga Vitale, Miguel Ángel Padilla Reyes y Maritza Betancourt.
Olga Vitale, Miguel Ángel Padilla Reyes y Maritza Betancourt, han favorecido a las estructuras criminales de los clanes de Moris Beracha, Oswaldo Nania Nuzzo y los hermanos Messina y sus abogados quienes han establecido un anclaje político-judicial para neutralizar la acción de la justicia y aprovecharse de los recursos judiciales, en todos sus niveles, para incrementar sus ganancias. Acotó el diputado Pirela (F16J).
El poder político de los jueces y el poder de la delincuencia organizada están compartiendo sus espacios de la forma más descarada. La delincuencia organizada se configura cuando un grupo estructurado de tres o más personas actúan durante cierto tiempo y concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. En Caracas, hemos identificado a un grupo estructurado en los tribunales civiles conformado por: Olga Vitale, Miguel Ángel Padilla Reyes y Maritza Betancourt. Afirmó el diputado José Luis Pirela.
Denunciamos que, la Coordinadora Judicial de los tribunales civiles de Caracas, Olga Vitale, que tiene a su cargo la distribución de los expedientes cobra 2000 dólares por enviar los expedientes al juez Miguel Ángel Padilla Reyes, y/o a Maritza Betancourt, quienes venden las sentencias al mejor postor.
Los vínculos del juez Miguel Ángel Padilla Reyes con la legitimación de capitales y la delincuencia organizada son inobjetables. Esta comisión parlamentaria ha determinado su vinculación con el clan Nania y sus abogados, quienes están siendo investigados en los Estados Unidos por delitos graves.
La actividad criminal del juez Padilla Reyes es sistemática y de gran magnitud. Está involucrado en un mega fraude a PDVSA, en la que el Estado podría perder hasta 20 millones de dólares por una demanda cuyo beneficiario final sería Moris Beracha, quien vive plácidamente en República Dominicana, y su empresa Fractal Fund Managment LTD, todos investigados en Estados Unidos.
La vagabundería del juez Miguel Ángel Padilla Reyes para depredar a la República está relacionada con el argumento del domicilio no establecido, lo cual permitiría que una inversión hecha en dólares por PDVSA fuese resuelta en bolívares con la anuencia de este juez, quien tiene vinculaciones con el abogado de la empresa que sería favorecida por esta querella. Emplazo a Padilla Reyes a que desmienta sus vínculos con el abogado de Moris Beracha. Señaló el diputado.
Pero el hecho más dantesco y vergonzoso es la red de “bachaqueros” que controla la jueza Maritza Betancourt desde su tribunal, frente a la mirada cómplice de los inspectores de Tribunales y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Betancourt no sólo vende sentencias, sino licor, cajas de los CLAP y cauchos. Esta juez también ha favorecido al clan Nania y tiene relación directa con sus abogados.
Esta sub comisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional tiene conocimiento a través del testimonio de clientes y vecinos de la jueza Maritza Betancourt de sus nexos con un grupo de contrabandistas conformado por Jhonny Hernández Aguilar, Noé Briceño Santana, Wilmer Pastrán Linares, Wilfredo Jiménez, Manuel Tunes Torres e Ibis de Jesús Maita Maduro, quienes fueron imputados por la fiscalía 4ª del estado Lara, por la presunta comisión de los delitos de contrabando de extracción y asociación para delinquir, por el contrabando y reventa de 1.476 cajas pertenecientes a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional continúa sistematizando y documentando los casos de corrupción y abusos cometidos por estos delincuentes judiciales, abogados y operadores financieros vinculados a clanes mafiosos.
Hemos denunciado con éxito ante las autoridades norteamericanas los delitos cometidos por Olga Vitale, Miguel Ángel Padilla Reyes y Maritza Betancourt, que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Del mismo modo, sus cómplices, quienes creen que por ser abogados, magistrados y fiscales no están sometidos a las normas internacionales contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Muchas personas, víctimas y testigos siguen aportándonos pruebas de sus fechorías.
Denunciamos del mismo modo el hostigamiento y extorsión de los jueces Miguel Ángel Padilla Reyes y Maritza Betancourt en contra del personal subalterno a quienes los están obligando a firmar por el desacuerdo por la revocatoria de las visas norteamericanas a los Magistrados del TSJ.
Solicitaremos medidas de protección a favor de Ysbel Quintero y el resto de los funcionarios judiciales que han sido obligados a firmar bajo la amenaza de encarcelarlos. Íntimo a la jueza Maritza Betancourt a que niegue que vende Wiskey, cajas del Clap y cauchos en su tribunal.
Los jueces al servicio de la delincuencia organizada deben tener presente que las sanciones a los corruptos son un hecho real. Esta Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN agradece la actuación de Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, por su cooperación para que les revoquen las visas a los jueces denunciados, así como a sus relacionados, que utilizan la banca estadounidense para guardar el dinero robado.
Esta Subcomisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN solicitará la colaboración de Matthew Whitaker, Fiscal General de los Estados Unidos de América para que sean investigados los números telefónicos 0414-2981324, 0412-2798089 y 0414-0158251 y se determinen los nexos con personas y allegados al régimen de Nicolás Maduro y grupos de delincuencia organizada. Esta investigación será de mucho interés para causas que están desarrollándose en Estados Unidos. Afirmó Pirela.
Seguimos haciendo el seguimiento a las actuaciones de los jueces y fiscales que favorecen a los clanes de Moris Beracha, Oswaldo Nania Nuzzo y los hermanos Messina, así como a sus abogados que a través de diversos mecanismos han legitimado capitales. /Nota de Prensa