Abogados del presidente encargado Juan Guaidó demandaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y a la Fiscalía del Gobierno de Nicolás Maduro ante un Relator Especial de Naciones Unidas.
En una “denuncia individual” presentada ante el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados en la sede del organismo en Ginebra, los abogados argumentan “la falta de independencia e imparcialidad” de ambas instituciones, según reza un documento al que tuvo acceso Efe.
El abogado Ignacio Álvarez, uno de los integrantes del equipo que interpuso la acción, explicó a Efe en Washington que buscan “poner de manifiesto esta nueva violación a los derechos humanos que están haciendo” la Fiscalía y el TSJ, instituciones a las que calificó como “instrumentos al servicio de Nicolás Maduro”.
La denuncia enumera una serie de decisiones adoptadas por el TSJ desde 2015, entre ellas la declaración de “desacato” por parte de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, la “omisión del poder Legislativo” y las recientes “medidas cautelares” solicitadas por la Fiscalía que prohíben que Guaidó abandone el país, pueda enajenar muebles e inmuebles y congela sus cuentas.
El letrado señaló que la Fiscalía General “actúa conjuntamente con el Tribunal (Supremo) y también se ha dedicado a acusar a políticos, a investigar y atropellar a cualquier persona opositora que se perciba como un riesgo para el Gobierno”.
“Este es un problema muy grave, porque se supone que en un Estado democrático hay independencia de poderes y cada quien juega su rol y se controlan unos a otros”, afirmó Álvarez, para quien el Supremo y la Fiscalía de Venezuela “carecen de la más mínima independencia e imparcialidad”.
En ese contexto, indicó que el Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, es “un apéndice del Ejecutivo”, al igual -según dijo- que la Fiscalía y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada por el oficialismo.
“El único poder serio, autónomo, soberano y que representa a la soberanía popular es la Asamblea Nacional”, agregó el abogado, quien señaló que esperan una respuesta lo más pronto posible.
En el documento de 23 páginas, el equipo de juristas pide al Relator Especial que transmita la denuncia al Gobierno de Caracas, “a fin de obtener su respuesta sobre los hechos” denunciados.
También que efectúe un pronunciamiento público rechazando los hechos expuestos, los incluya en sus informes al Consejo de Derechos Humanos y que “adopte las demás acciones que estime pertinentes, en el marco de su mandato, para que el Estado garantice que la conducta de los jueces y fiscales en Venezuela se ajusten a las normas y principios internacionales sobre la materia”.
Con información de EFE