La misión técnica enviada por Michelle Bachelet, tiene el mandato de promover y proteger el goce y la plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La delegación conformada por cinco funcionarios llegó este lunes a Venezuela para efectuar “una reunión de coordinación e información sobre las políticas de Derechos Humanos y protección social en Venezuela”. Pero su función no se limita a un mero intercambio de ideas con el gobierno, por el contrario, tiene la obligación jurídica y política de constatar el cumplimiento de los estándares en materia de derechos humanos, y es propicia la oportunidad para que verifiquen las condiciones y causas de reclusión de dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos perseguidos por el régimen de Maduro.
En menos de 24 horas la persecución del régimen ha arreciado. Ante la desesperación de la población por la falta de agua, comida, y medicamentos Nicolás Maduro ordenó a sus colectivos armados estar preparados para la resistencia activa.
No es un invento de la oposición, el régimen está utilizando la violencia a su antojo, sin frenos ni contrapesos institucionales. Los grupos parapoliciales de Maduro (colectivos) por un lado, arremeten con sus armas contra el ciudadano y, por el otro, las fuerzas de seguridad utilizan las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada de personas para aterrorizar a la disidencia.
Una denuncia recurrente que le extendemos a la misión técnica es el secuestro de dirigentes políticos, que gozan de boletas de excarcelación emitidas por sus jueces naturales, en las cárceles del país.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos debe investigar qué está ocurriendo con las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias de casi mil presos políticos, la persecución en contra del periodista Luis Carlos Díaz, y los dirigentes del Partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Carlos Pérez y Rodney Moreno, quienes son enjuiciados sin base racional y con pruebas falsas por oponerse al régimen tiránico de Maduro.