El gobierno británico volverá a presentar el viernes, por tercera vez, a los diputados el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea cuando se acaba el tiempo acordado por Bruselas para prorrogar la salida a mayo.
“Mañana, viernes 29 de marzo, habrá un debate sobre una moción relativa a la salida de Reino Unido de la Unión Europea”, anunció el jueves la ministra de Relaciones con el Parlamento, Andrea Leadsom, ante los diputados que ya rechazaron el texto estrepitosamente en dos ocasiones.
Ahora habrá que ver si el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, acepta la celebración de una tercera votación tras haber afirmado la semana pasada que el Parlamento no podía volver a examinar una propuesta “sin cambios” durante la misma sesión parlamentaria.
“Reconocemos que toda moción presentada mañana (viernes) deberá ser conforme a las decisiones del presidente”, afirmó Leadsom, dejando planear la duda de si habría efectivamente un voto o la sesión se limitaría al debate.
Tras acordar a Londres un corto aplazamiento en la fecha del Brexit, inicialmente prevista para este viernes -29 de marzo-, la UE advirtió que Reino Unido debe adoptar esta semana el Tratado de Retirada si aspira a una prórroga del Brexit hasta el 22 de mayo.
De lo contrario, deberá presentar un plan B antes del 12 de abril o verse abocado a un Brexit sin acuerdo.
Para poder esperar que el texto sea aprobado, May necesita convencer al menos a 75 de sus propios legisladores rebeldes, muchos de los cuales pedían que abandonara las riendas de la formación, del gobierno y de la negociación con Bruselas. El miércoles, jugando su última carta, la líder le había prometido dimitir en cuanto el país abandone la UE.
La estrategia logró convencer a algunos de los más férreos detractores del acuerdo, enfrentados ahora a la posibilidad de que el país, sumido en el caos político por la incapacidad de llegar a una conclusión, acabe negociando un Brexit más suave o convocando un segundo referéndum.
Entre ellos, el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, que dimitió en 2018 por su oposición al modo en que May negociaba con la UE y que desde entonces se convirtió en uno de sus principales rivales.
“Johnson tiene toda la razón al decir que el riesgo palpable de perder Brexit, sumado a la posibilidad de un cambio en la próxima fase (de negociación) significa que no tenemos otra opción que votar a favor”, tuiteó el miércoles su amigo el también diputado conservador Conor Burns.
– El no del DUP –
A May le quedan sin embargo algunos rebeldes por convencer, unos 15 según medios británicos, y sobre todo, al recalcitrante partido unionista norirlandés DUP, de cuyos 10 diputados depende su mayoría parlamentaria.
Este considera inaceptable la denominada “salvaguarda irlandesa”, al punto más conflictivo del acuerdo, un mecanismo de última instancia destinado a prevenir la reinstauración de una frontera dura en la isla de Irlanda que ponga en peligro el frágil acuerdo de paz que en 1998 acabó con décadas de sangriento enfrentamiento en la región.
El DUO ya anunció el miércoles ya anunció que volvería a rechazar el texto.
“Dado que los cambios necesarios que queremos para la salvaguarda no fueron acordados entre el gobierno y la Unión Europea (…) no apoyaremos al gobierno si organizar una nueva votación”, afirmó en un comunicado.
El acuerdo con el que May espera poner fin a 46 años de integración británica en la UE es un mamotreto de 585 páginas, 185 artículos y 3 protocolos.
Incluye, entre otras cuestiones, los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido y viceversa, la factura de 39.000 millones de libras que Londres debe pagar y la controvertida “salvaguarda” para garantizar que la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte permanece abierta.
Prevé también un periodo de transición, hasta finales de 2020 pero ampliable un máximo de dos años, para que empresas y administraciones tengan tiempo de realizar las adaptaciones necesarias. Y para que Londres y Bruselas puedan negociar los términos de su futura relación en materia de comercio, política exterior o cooperación policial.
AFP