“¡Es la prensa amarilla!”, grita y se indigna Maikel José Moreno Pérez cada vez que un cronista le pregunta sobre su pasado tras las rejas. Lo atribuye a un sector del periodismo que no le tiene simpatía. La historia, en cambio, dice que fue en 1989 cuando el ex guardaespaldas, agente de inteligencia y abogado pasó un tiempo detenido por el asesinato de un adolescente, publica Infobae.
Por Laureano Pérez Izquierdo
laureano@infobae.com
Moreno, nacido en El Tigre, Anzoátegui hace 53 años, es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista. Asumió la responsabilidad en febrero de 2017 y desde entonces ha sido una herramienta más de la dictadura comandada por Nicolás Maduro. A la máxima instancia del país ingresó en 2014, pese a sus oscuros antecedentes. O gracias a ellos.
Conoce el submundo criminal como pocos. Lo transitó en casi todas sus modalidades. Debió ser parte cuando ejerció funciones en los 80 en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido SEBIN. Entre sus responsabilidades estuvo la de cuidar las espaldas del ex presidente Carlos Andrés Pérez. Pero tras su tropiezo con la justicia al ser investigado por un crimen -el de Rubén Gil Márquez, 19 años– y purgar tiempo en la sombra, el agente se internó en los libros de la Universidad Santa María de la que egresaría en 1995 como abogado. A partir de entonces tendría más herramientas para forjar su destino.
Durante sus años de traje y corbata se lo vinculó con una peligrosa organización delictiva: La banda de los Enanos, dedicada a presionar y sobornar a magistrados y a orquestar causas contra enemigos.
Como hombre de leyes comenzó a darse cuenta que donde enfrentaría mejores resultados sería como defensor de aquellos que quebrantaban las normas. Un negocio que le resultó redondo. Fue así como tras años de hacerse conocido en la arena legal, Moreno empezó a tejer vinculaciones con el poder político de turno: Hugo Chávez ya concentraba todo Venezuela bajo su brazo y el delfín de los tribunales le sería de gran utilidad.
Hasta fue investigado -siendo ya magistrado- por haber amenazado a un juez para que dejara en libertad a Saúl Coredero, traficante de armas y estupefacientes. Las grabaciones de aquella conversación figuran en un expediente.
Los archivos que muestran su pasado violento y su participación en el homicidio de Gil Márquez desaparecieron. Son pocos los registros que quedan sobre el hombre que supo velar por la seguridad de un presidente demócrata. Ningún testigo habla al respecto. Y la familia de la víctima no tiene recursos para continuar con el caso. Más: su madre, Carmen Romelia Márquez de Gómez murió en 2007.
Un año antes, en 2006, cuando el Tribunal Supremo todavía mantenía en sus filas jueces comprometidos con la verdad, algunos de sus miembros pidieron informes sobre Moreno, quien ya era juez desde 2002 gracias a la generosidad de un compadre entrañable: Nicolás Maduro. El resultado de la pesquisa ordenada por ese órgano fue lapidario y el ex guardaespaldas fue apartado por breve tiempo.
El régimen lo premió y ganó tiempo: fue delegado diplomático en Roma, Italia y luego aterrizó como representante de Caracas en Trinidad y Tobago. En 2010 regresó a Venezuela y se doctoró. Finalmente, una vez muerto Chávez, su padrino político lo catapultó a lo más alto con pompa y honores.
El 28 de diciembre de 2014 miles de venezolanos se despertaron con una noticia que creyeron broma. El mismo Día de los Santos Inocentes Moreno ingresaba como magistrado al Tribunal Supremo del país. El mismo hombre que había sido acusado de asesinato y que presionaba a colegas para liberar a narcos, ahora hacía pie en el máximo organismo judicial.
Desde allí comenzó a trepar y a formular las estrategias que servirían a la dictadura para perseguir a líderes opositores y activistas incómodos. Fue uno de los autores intelectuales de maniobras como la declaración de desacato de la Asamblea Nacional, vaciándola de poder. A cargo de la Sala de Casación ratificó la condena a 14 años de prisión contra Leopoldo López por las protestas contra Maduro en todo el país en 2014. En ellas, el régimen ejecutó a 41 víctimas.
Cuando la dictadura colapse, Moreno sabe que será uno de los primeros en rendir cuentas. Él y los demás miembros del Tribunal Superior encubrieron delitos de lesa humanidad. Para la justicia internacional encubrirlos reviste similar gravedad a cometerlos.
La última de Moreno es contra Juan Guaidó, líder parlamentario y presidente encargado de Venezuela. El joven opositor es reconocido por más de 50 países como el jefe de estado interino y puso en jaque a la dictadura de Maduro.
Ahora el régimen está ejecutando una movida arriesgada contra el político. Los arquitectos de dicha trama son el usurpador de Miraflores y su compadre, el espía-guardaespaldas-¿asesino?-abogado-juez. Le robarán su inmunidad legislativa y lo golpearán con una causa penal para así tener una excusa para detenerlo.
“Se declara el desacato del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez a la sentencia del 29 de enero. En consecuencia se impone a dicho ciudadano la multa de 200 unidades tributarias […] se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a los fines del allanamiento a la inmunidad parlamentaria del referido ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez en su condición de diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas”, ordenó Moreno.
La jugada -de concretarse un arresto contra el presidente interino- podría ser terminal para el dictador que habla con pájaros. También para Moreno. La condena diplomática contra el régimen podría escalar demasiado. Incluso, hay quienes hablan de un posible bloqueo naval, como lo sugirió el intelectual cubano Carlos Montaner.
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