Adriana Aguilera, vocera del Comité de Exconcejales Contraloras de Caracas, denunció la mañana de este viernes ante la Defensoría del Pueblo el colapso del sistema de transporte público en la ciudad capital, situación que a su juicio es violatoria de los derechos humanos y las garantías constitucionales establecidas en la Constitución vigente.
“Venimos a la Defensoría del Pueblo para que se declare la emergencia en el transporte público en virtud de los daños que se están suscitando a los usuarios de estos medios (…) No se trata de una situación generadas por los transportistas, este deterioro del sistema es responsabilidad de quienes usurpan el poder y estamos claros que no se solucionará mientras no cese la usurpación de Nicolás Maduro en Miraflores”, puntualizó.
Acompañada de las otroras ediles Andrea Tavares, Maribel Castillo y Kadary Rodón, Aguilera alertó que 90% de las unidades de transportes público se encuentran paralizadas por la falta de repuestos, lo que afecta directamente a 80% de los caraqueños que usa este servicio público para llegar a sus trabajos y oficinas.
Sobre el monitoreo que mantienen las dirigentes políticas de los servicios públicos en la capital, Aguilera subrayó que las parroquias populares que más se ven afectadas con este problema son San Juan, Sucre, La Vega Y el Junquito; donde muchas personas se han visto obligadas a cambiar sus rutinas y renunciar a sus puestos de trabajo.
En el mismo orden de ideas la Exconcejal Metropolitana cuestionó que esta situación generara durante el año 2018 al menos 34 muertes como consecuencia del uso de las denominadas perreras, refiriéndose a vehículos no apto para el transporte de personas y utilizados para tales fines. Al respecto agregó, que la falta de vehículos se ha agravado tanto que hasta las perreras desaparecieron de las calles de Caracas.
Nota de prensa