El Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgó hoy el expediente por corrupción y violaciones a los derechos Humanos de Nicolás Maduro. El informe dice que Maduro, ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que una vez fue próspera a la ruina económica con su régimen autoritario y sus políticas económicas socialistas. Los matones de Maduro han cometido asesinatos extrajudiciales y torturas, han tomado prisioneros políticos y han restringido severamente la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder.
Expediente
“Maduro usurpó el poder; Él no es el presidente debidamente elegido. Juan Guaidó es la persona que eligió el pueblo venezolano. América y ahora otras 54 naciones simplemente han ratificado que, han dicho, ‘Sí, reconocemos que eso es lo que quieren los venezolanos’ ”.
Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, 19 de marzo de 2019.
El antiguo régimen de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la dignidad de sus ciudadanos, ha saqueado los recursos naturales del país y ha llevado a una nación que una vez fue próspera a la ruina económica con su gobierno autoritario y sus políticas económicas socialistas. Los matones de Maduro han cometido asesinatos extrajudiciales y torturas, han tomado prisioneros políticos y han restringido severamente la libertad de expresión, todo en un esfuerzo brutal por retener el poder.
Actos inconstitucionales de Maduro:
En 2015, los partidos de oposición en favor de la democracia derrotaron rotundamente al régimen de Maduro en las elecciones legislativas. Poco después, Maduro comenzó a desmantelar varias ramas del gobierno. El presidente de la ilegítima constituuente, Diosdado Cabello, se apresuró a amontonar a los tribunales del país con partidarios no calificados para servir como garantes del poder de Maduro.
El 11 de enero de 2016, cuando la Asamblea Nacional procedió a la sede de tres diputados legítimamente elegidos, el Tribunal Supremo declaró a la Asamblea Nacional en desacato, dejando sin efecto toda la legislación posterior aprobada por este órgano elegido democráticamente. Maduro ha dejado de lado deliberadamente esta Asamblea constitucionalmente legítima desde entonces.
Los compinches del Consejo Nacional Electoral de Maduro (CNE) supervisan la conducción de todas las elecciones y declaran a los ganadores. Desde 2015, han inclinado el campo de juego para asegurarse de que Maduro no pueda perder. Han descalificado a todos los principales partidos de la oposición y la mayoría de los candidatos de la oposición desde 2017.
En 2017, siguiendo las órdenes de Maduro, el CNE organizó elecciones ampliamente disputadas para la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo objetivo principal era redactar una nueva constitución. En cambio, Maduro usó la Asamblea para usurpar los poderes de la Asamblea Nacional legítima, ratificar sus órdenes y promulgar leyes, muchas de las cuales vilipendian y desacreditan a las figuras de la oposición y sus propuestas políticas.
Este sistema electoral falso culminó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Con la mayoría de las figuras de la oposición arrestadas, exiliadas o prohibidas de correr, Maduro se enfrentó a un campo de candidatos debilitado en una elección amañada. Para impulsar la participación pro maduro, el régimen sobornó a los votantes con alimentos y otros subsidios que necesitaban desesperadamente a cambio de sus votos.
El 10 de enero de 2019, Maduro asumió ilegalmente la presidencia en una ceremonia considerada ilegítima por muchos venezolanos y más de 50 países, incluida la mayoría de los vecinos de Venezuela y la mayoría de la Unión Europea.
En este contexto, Juan Guaido, elegido el 5 de enero de 2019 como Presidente de la Asamblea Nacional, la única institución democrática y electa que queda en el país, invocó artículos relevantes de la constitución venezolana y se convirtió en Presidente Interino de Venezuela.
La corrupción de Maduro
El esquema de corrupción más grave de Maduro involucró la malversación de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En 2015, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un fallo en virtud de la Sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU. Un banco europeo aceptó comisiones exorbitantes para procesar aproximadamente $ 2 mil millones en transacciones relacionadas con lavadores de dinero de terceros, compañías fantasmas y productos financieros complejos para desviar fondos de PdVSA.
En 2018, un plan de lavado de dinero de $ 1,2 mil millones que involucra a Matthias Krull, un residente alemán y panameño alemán, y Gustavo Adolfo Hernández, un ciudadano colombiano y naturalizado de EE. UU., explotaron PDVSA y aprovecharon la corrupción en los sistemas de cambio de moneda extranjera de Venezuela al canjear dólares estadounidenses por bolívares venezolanos al precio del mercado y luego de nuevo.
En 2016, Maduro declaró que aproximadamente el 12% del país era parte de un “Arco Minero del Orinoco” y se otorgó amplias autoridades para supervisar la explotación de los recursos para beneficio personal.
En 2017, el régimen expulsó a compañías extranjeras legítimas que hacen negocios y las reemplazó con mineros no regulados que operan con el respaldo de altos oficiales militares venezolanos.
En 2017, después de una investigación de siete meses, la Asamblea Nacional de Venezuela descubrió casos en los que el régimen “gastó” $ 42 para una caja de comida, que luego distribuyó a cambio de votos, en un momento en que los alimentos cuestan menos de $ 13.
El círculo interno de Maduro mantuvo la diferencia, que ascendió a más de $ 200 millones de dólares en al menos un caso. Venezuela se ubica en el puesto 169 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017 de Transparencia Internacional.
Violaciones a los derechos humanos cometidas por Maduro:
En octubre de 2018, el concejal de Caracas Fernando Albán viajó a Nueva York para denunciar la brutalidad del régimen de Maduro durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. A su regreso a Venezuela el 5 de octubre, la policía secreta de Maduro lo arrestó en el aeropuerto. Murió bajo custodia unos días después, cuando se cayó misteriosamente de una ventana del piso 10 de una prisión de máxima seguridad en Caracas.
Maduro se ha basado cada vez más en la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES) que creó en 2017 para llevar a cabo redadas ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
El FAES, compuesto por 1,300 oficiales, está acusado de matar a más de 100 personas en barrios de bajos ingresos desde junio hasta diciembre de 2018. (26 de enero de 2019, informe de la ONG Provea)
El 20 de marzo de 2019, según Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ejecutó a 37 personas en relación con redadas ilegales de invasión a hogares en enero.
El régimen ha desplegado a la Guardia Nacional y milicias civiles conocidas como colectivos para reprimir a manifestantes pacíficos. Según la Asamblea Nacional, el régimen anterior es responsable de al menos 40 muertes relacionadas con la protesta en lo que va de año.
175 detenciones relacionadas con la protesta y 7 muertes reportadas el 23 de enero de 2019 (ONG Foro Penal)
1.255 personas detenidas desde el 21 de enero, 2019 (ONG Foro Penal)
864 presos de conciencia, incluidos 95 militares (ONG Foro Penal, al 4/1/19)
El 5 de abril de 2019, la ONG de derechos humanos PROVEA anunció el descubrimiento de varios centros de detención clandestinos, incluidos tres presuntamente dirigidos por colectivos, policías, fuerzas de seguridad del estado y agencias de inteligencia, donde el régimen anterior detuvo de manera ilegal y maltrató a ciudadanos venezolanos.
El 4 de abril de 2019, la policía allanó la casa del diputado de la Asamblea Nacional, Roberto Alcalá, en un esfuerzo por procesarlo por inventados cargos de terrorismo.
El 21 de marzo de 2019, la policía de Maduro allanó la casa del jefe de personal del presidente interino Juan Guaido, Roberto Marrero, y lo arrestó. Marrero sigue detenido en la agencia de inteligencia apoyada por Cuba, SEBIN. SEBIN tiene un historial de tratos crueles e inhumanos para forzar confesiones.
Original en inglés
Nicolas Maduro: Corruption and Chaos in Venezuela
Fact Sheet
Office of the Spokesperson
Washington, DC
April 15, 2019
“Maduro usurped power; he’s not the duly elected president. Juan Guaido is the person that the Venezuelan people chose. America and now 54 other nations simply have ratified that, have said, ‘Yep, we recognize that’s what Venezuelans want.’” – U.S. Secretary of State Mike Pompeo, March 19, 2019.
Venezuela’s former regime, led by Nicolas Maduro, has consistently violated the human rights and dignity of its citizens, plundered the country’s natural resources, and driven a once prosperous nation into economic ruin with his authoritarian rule and socialist economic policies. Maduro’s thugs have engaged in extra-judicial killings and torture, taken political prisoners, and severely restricted freedom of speech, all in a brutal effort to retain power.
MADURO’S UNCONSTITUTIONAL ACTS:
In 2015, pro-democracy opposition parties resoundingly defeated the Maduro regime in legislative elections. Shortly thereafter, Maduro began dismantling various branches of government. Lame-duck National Assembly President Diosdado Cabello rushed to stack the country’s courts with unqualified party hacks to serve as Maduro’s guarantors of power.
On January 11, 2016, when the National Assembly proceeded to seat three legitimately elected deputies, the Supreme Court declared the National Assembly in contempt, rendering all subsequent legislation approved by this democratically elected body null and void. Maduro has deliberately sidelined this constitutionally legitimate Assembly ever since.
Maduro’s National Electoral Council (CNE) cronies oversee the conduct of all elections and declare the winners. Since 2015, they have tilted the playing field to ensure that Maduro can’t lose. They have disqualified every major opposition party and most opposition candidates since 2017.
In 2017, acting on Maduro’s orders, the CNE organized widely contested elections for the National Constituent Assembly, whose primary objective was to draft a new constitution. Instead, Maduro used the Assembly to usurp the powers of the legitimate National Assembly, ratify his orders, and enact laws, many of which vilify and disparage opposition figures and their policy proposals.
This sham electoral system culminated in the May 20, 2018 presidential elections. With most opposition figures arrested, exiled, or banned from running, Maduro faced a weakened field of candidates in a rigged election. To drive pro-Maduro turnout, the regime bribed voters with desperately needed food and other subsidies in exchange for their votes.
On January 10, 2019, Maduro unlawfully assumed the presidency at a ceremony deemed illegitimate by many Venezuelans and more than 50 countries, including most of Venezuela’s neighbors and the majority of the European Union.
In this context, Juan Guaido, elected on January 5, 2019, as President of the National Assembly, the only remaining democratically elected and legitimate institution in the country, invoked relevant articles of the Venezuelan constitution and became Venezuela’s Interim President.
MADURO’S CORRUPTION:
Maduro’s most egregious corruption scheme involved embezzlement from the state-owned oil company Petroleos de Venezuela (PdVSA).
In 2015, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a finding under Section 311 of the USA PATRIOT Act. A European bank accepted exorbitant commissions to process approximately $2 billion in transactions related to Venezuelan third–party money launderers, shell companies, and complex financial products to siphon off funds from PdVSA.
In 2018, a $1.2 billion money-laundering scheme involving Matthias Krull, a German national and Panamanian resident, and Gustavo Adolfo Hernandez, a Colombian national and naturalized U.S. citizen, exploited PdVSA and took advantage of the corruption in Venezuela’s foreign currency exchange systems by trading U.S. dollars for Venezuelan bolivars at market rate and then back again.
In 2016, Maduro declared approximately 12% of the country to be a part of an “Orinoco Mining Arc” and awarded himself broad authorities to oversee the exploitation of resources for personal gain. In 2017, the regime ejected legitimate foreign companies doing business and replaced them with unregulated miners who operate with the backing of senior Venezuelan military officers.
In 2017, after a seven month investigation, Venezuela’s National Assembly uncovered instances where the regime “spent” $42 for a box of food, which it then distributed in exchange for votes, at a time when the food items cost less than $13. Maduro’s inner circle kept the difference, which totaled more than $200 million dollars in at least one case.
Venezuela ranks 169 out of 180 countries on the Transparency International’s 2017 Corruption Perception Index.
MADURO’S HUMAN RIGHTS VIOLATIONS:
In October 2018, Caracas Councilman Fernando Alban traveled to New York to denounce the Maduro regime’s brutality on the sidelines of the United Nations General Assembly. Upon his return to Venezuela on October 5, Maduro’s secret police arrested him at the airport. He died in custody a few days later when he mysteriously fell from a 10th floor window of a maximum-security prison in Caracas.
Maduro has increasingly relied on the Special Action Force of the National Police (FAES) that he created in 2017 to carry out illegal raids and extrajudicial killings.
The FAES, comprised of 1,300 officers, stands accused of killing more than 100 people in low-income neighborhoods from June to December 2018. (January 26, 2019 NGO Provea report)
On March 20, 2019, according to the U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet, FAES executed 37 people in connection with illegal home invasion raids in January.
The regime has deployed the National Guard and civil militias known as colectivos to crack down on peaceful protestors. According to the National Assembly, the former regime is responsible for at least 40 protest-related deaths so far this year.
175 protest-related detentions and 7 deaths reported on January 23, 2019 (NGO Foro Penal)
1,255 persons detained since January 21, 2019 (NGO Foro Penal)
864 prisoners of conscience, including 95 military members (NGO Foro Penal, as of 4/1/19)
On April 5, 2019, human rights NGO PROVEA announced the discovery of several clandestine detention centers, including three allegedly run by colectivos, police, state security forces, and intelligence agencies, where the former regime extralegally detained and abused Venezuelan citizens.
On April 4, 2019, police raided the home of National Assembly Deputy Roberto Alcala in an effort to prosecute him on trumped-up terrorism charges.
On March 21, 2019, Maduro’s police raided the home of Interim President Juan Guaido’s chief of staff Roberto Marrero, and arrested him. Maduro’s Cuban-supported intelligence agency, SEBIN, continues to detain him. SEBIN has a record of using cruel and inhumane treatment to coerce confessions.