Es posible que un pequeño pueblo pacense que debe su origen y nombre a Francisco Franco no sea un campo de batalla decisivo en las elecciones generales del domingo, pero ilustra cómo el legado del fallecido dictador y el ascenso de la extrema derecha están dividiendo a los votantes en toda España.
Dirigido por un alcalde del partido de extrema derecha Vox, Guadiana del Caudillo se opuso a una ley de 2007 que formalizó la condena del régimen de Franco y ordenó que sus símbolos se retiraran de los lugares públicos.
Este desafío costó a este pueblo de 2.500 habitantes unos fondos públicos vitales para su financiación. El título de Franco “El Caudillo” sigue siendo parte de su nombre y una placa protegida bajo un cristal a prueba de balas, que conmemora su visita para iniciar su construcción en 1951, adorna el ayuntamiento, además del símbolo del águila del régimen.
En el período previo a una de las elecciones más disputadas en décadas, las encuestas de opinión muestran que Vox, un recién llegado al panorama político de España, se convertirá en el primer partido de extrema derecha en entrar en el Congreso desde 1982.
Una de las promesas de la campaña de Vox es derogar la ley de memoria histórica, aprobada en 2007.
“¿Por qué se debería quitar (el nombre) de alguien que ha hecho cosas buenas? Esa es mi opinión”, dijo Mateo Plaza, de 94 años, uno de los primeros colonos del pueblo bajo el plan de “colonización” de Franco para el rural de España.
Activistas de una plataforma denominada Guadiana Despierta, que busca la eliminación de los símbolos franquistas y ha organizado concentraciones de varios cientos de personas en el pueblo, tienen una opinión diferente.
“El Caudillo no nos ha dado nada, nos ha hecho sufrir. No le debemos nada a ese dictador”, dijo la portavoz del grupo, Ana Plaza, de 34 años, que no está emparentada con Mateo.
El régimen de Franco mató o encarceló a decenas de miles de personas para eliminar la disidencia, y hasta 500.000 combatientes y civiles murieron en la guerra entre el bando nacional y los republicanos de izquierdas.
El alcalde Antonio Pozo, quien se unió a Vox el año pasado después de dejar el Partido Popular, convocó un referéndum en 2012 para decidir sobre el nombre de la ciudad. Los residentes votaron a favor de mantener el nombre, pero cientos de ellos se abstuvieron.
El gobierno socialista regional de Extremadura ha reducido desde entonces decenas de miles de euros en fondos para el pueblo.
“Si los socialistas ganan (las elecciones municipales en mayo), la placa se eliminará y vendrá el dinero”, dijo la vecina Vicenta Prado, criticando el “incomprensible amor” de Pozo por los vestigios franquistas. Si pierden, ella abandonará el pueblo, dijo.
Pozo ordenó que se blindara la placa después de haber sido dañada por unos vándalos y ha argumentado en comentarios televisados que este símbolo no viola la ley ya que no exalta el franquismo.
Vox dice que no respalda políticamente a Franco, aunque sus candidatos a la elecciones incluyen cuatro exgenerales, dos de los cuales firmaron un manifiesto a favor de Franco el año pasado. Reuters