Este miércoles 24 de abril, la periodista Rosa Virginia Garrido denunció públicamente la incomparecencia por tercera vez consecutiva a la audiencia de presentación del funcionario policial que presuntamente la agredió físicamente y robó su equipo celular durante una manifestación de la oposición en el estado Yaracuy en abril de 2017.
“Una vez más el policía Juan Muñoz se burló de la justicia, su inasistencia es injustificable. El primer llamado a audiencia de presentación fue el pasado 12 de febrero; el segundo el 20 de marzo, y hoy 24 de abril el tercero. Su presencia es indispensable para poder realizar el acto de imputación. Tenemos semanas leyendo en el único medio impreso de circulación regional la cantidad de funcionarios inmersos en diversos delitos, pero curiosamente Muñoz ni se da por enterado”, expresó Garrido.
La comunicadora asevera que el uniformado está siendo protegido tanto por el gobernador de la entidad, como de sus superiores.
“Es evidente que a Juan Muñoz lo respalda el gobernador, así como el Secretario de Seguridad Ciudadana, al punto de que hasta lo ascendieron de cargo. Luego de haberse encontrado suficientes elementos de convicción, quien hoy está siendo señalado por el Ministerio Público de haber cometido delitos, es uno de los jefes de la Unidad de Control de Reuniones y Manifestaciones (UCRM) de la Policía del estado Yaracuy, brigada que en vez de proteger la integridad de los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales, hemos visto que es la encargada de contener, reprimir, encarcelar, violar derechos humanos fundamentales a menores de edad, adultos y ancianos que protestan pacíficamente, además de amparar actuaciones de los colectivos”, dijo.
A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que después de agotar los lapsos que le permite la ley se ordena un mandato de conducción (artículo 292), al agente le fue fijada una nueva audiencia para el próximo 23 de mayo.
Yaracuy ha sido noticia en los últimos meses por la destitución de la ex Fiscal Superior del estado por extorsión, y denuncias por supuesto control político ejercido dentro del Circuito Judicial Penal.
Nota de prensa